Si mal no recuerdo, eran los últimos días de julio de 2002 y estaba en el despacho del secretario de Gobernación, Santiago Creel a la espera de una entrevista programada días antes, cuando el propio Creel, se acercó a decirme que el presidente Fox había decidido cancelar la construcción del nuevo aeropuerto, luego de casi un año de conflictos ininterrumpidos provocados por el llamado Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, relacionados con grupos partidarios muy radicales, desde el EZLN hasta los derivados del EPR, que se habían opuesto desde el primer día a esa obra.
Recuerdo que platicando con Creel coincidimos en que sería un durísimo golpe político para la administración Fox. Pero nunca imaginé la magnitud que ese golpe tendría para el primer gobierno federal de alternancia. Ese primero de agosto de 2002, la administración Fox quedó marcada y, en los hechos, ya no pudo avanzar en casi ninguno de sus proyectos estratégicos. Retrospectivamente, el mal manejo técnico y político fue evidente, pero, sobre todo, la incapacidad de reacción gubernamental mostró a un gobierno pasmado ante los hechos.
Un año antes, el 22 de octubre de 2001, el presidente Fox había anunciado la ampliación del aeropuerto y decretado la expropiación de miles de hectáreas, en tres municipios, que servirían, junto con terrenos que ya eran propiedad federal, para el proyecto. Pero el proceso fue muy desaseado en muchos ámbitos. Se había decidido pagar apenas 7.20 por metro cuadrado y cerca del doble en tierras de riego, sin negociar y sin consultar con las comunidades y ejidos. Es verdad que muchas de esas tierras eran improductivas, pero se hablaba de un proyecto que tendría, se dijo entonces, hasta 300 mil millones de pesos de utilidades.
Muchas de esas comunidades terminaron aceptándolo, sobre todo cuando más tarde, ya al calor de las manifestaciones, decidieron aumentar las indemnizaciones, pero en la agenda de los entonces llamados macheteros de Atenco, los integrantes del FPDT, que encabezaba Ignacio del Valle, no había espacio para la negociación: desde el 23 de octubre de 2001 se sucedieron las manifestaciones, cada una más violenta, que incluyeron muchos de los artificios (cohetones, machetes, violencia desmedida de los manifestantes, secuestro de funcionarios) que estamos viendo hoy en distintas zonas del país y grupos con los mismos, o parecidos, andamiajes políticos de aquellos.
El clímax de la violencia fueron unas jornadas en las que se quemaron camiones, se cerraron autopistas, se secuestró a trabajadores de la CFE y del gobierno mexiquense, se los amarró a postes en pleno Atenco y se amenazó, frente a todos los medios de comunicación, los hechos fueron trasmitidos en vivo, con quemarlos. La situación duró horas, y no hubo intervención de la fuerza pública. La imagen que quedó fue la de un gobierno inerme ante los manifestantes.
Pero el primero de agosto de 2002 cuando se dio carpetazo al proyecto no concluyó la historia. Las manifestaciones de estos grupos y las provocaciones continuaron durante años. Hasta que entre el 3 y 4 de mayo de 2006, en pleno proceso electoral y con parte de la llamada Otra Campaña que realizaban fuerzas afines al EZLN, hubo tomas de carreteras en Texcoco y diversos enfrentamientos en Atenco, con una comunidad a su vez cada vez más dividida, que concluyó con el desalojo de los integrantes del Frente y numerosos detenidos, entre ellos Ignacio del Valle. El operativo fue encabezado por el almirante Wilfrido Robledo, en ese entonces, jefe de las fuerzas de seguridad en el Estado de México y el gobernador era un Enrique Peña Nieto que comenzaba su administración. Durante el resto de la misma, el entonces gobernador Peña no tuvo que volver a vivir situaciones tan extremas como esas.
Casi exactamente 12 años y diez meses después que Fox, el presidente Peña presentará, mañana, oficialmente el nuevo proyecto de aeropuerto. Será casi en el mismo lugar al propuesto por el gobierno foxista, pero hay diferencias centrales: primero y principal, todas las tierras involucradas ya están en manos del gobierno federal; no hay por lo tanto conflictos agrarios de importancia pendientes; tercero, ya hubo una operación política y administrativa intensa para evitar sorpresas, esos acuerdos incluyen al gobierno capitalino (en 2001, López Obrador, no sólo no apoyó a Fox sino que alentó a los grupos de Atenco), al del Estado de México, y a muchas otras dependencias y sectores productivos y sociales. Cuarto, se irá sobre un proyecto ya definido.
Es un gran proyecto económico que involucrará unos 140 mil millones de pesos en la construcción y detonará el desarrollo de una amplia zona geográfica del Estado de México y el DF. Pero no nos engañemos, será, entre muchas otras cosas, un símbolo, una señal política, imposible de ocultar. Si hace 13 años fue muestra de debilidad ahora se buscará que lo sea de fortaleza.
