CDMX.- Siete de cada 10 presos no han recibido una sentencia condenatoria que determine su inocencia o culpabilidad en el penal federal de máxima seguridad del Altiplano, según estadísticas del órgano Desconcentrado de Prevención y Readaptación social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
El centro penitenciario ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, se posiciona como el reclusorio con el mayor porcentaje de reos en espera de una resolución judicial entre los Centros Federales de Readaptación Social que se encuentran en operación.
Entre los casos más relevantes que todavía no ha sido resueltos por un juez esta el proceso que enfrenta José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala, Guerrero, quien fue acusado por la desaparición forzada de 43 normalistas y que recibió un auto de formal prisión en diciembre de 2020, por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
De igual forma están José Antonio Yépez Ortiz El Marro, presunto líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, quien tras un año preso en el Altiplano todavía está en espera de saber cuántos años pasará tras las rejas al ser vinculado por robo de hidrocarburos y delincuencia organizada.
En la lista también se encuentra Florian Tudor, presunto líder de la mafia rumana en México, quien fue arrestado en Cancún, Quintana Roo, a finales de mayo y que se esta en México gracias a que sus abogados promovieron un amparo.
El caso de Israel Vallarta es sin duda uno de los más longevos. En 2005 fue capturado en el rancho Las Chinitas, ubicado en la carretera México-Cuernavaca, junto con su entonces pareja, la francesa Florece Cassez, por presuntamente secuestrar a tres personas; sin embargo, tras más de 15 años no se le ha dictado una sentencia por secuestro.
La misma historia esta los procesos judiciales
En los procesos judiciales por el delito de secuestro se vive la misma historia que con los delitos relacionados al crimen organizado, pues sólo cuatro de 27 reos se encuentran cumpliendo una condena por sus delitos, mientras que el resto se encuentra en medio de un juicio.
Otros delitos como los relacionados contra la salud y el homicidio doloso también muestran índices importantes de presos sin una resolución judicial. En el primer crimen se reporta que 52 por ciento de los presos está encarcelado mientras se resuelve su proceso; en el segundo delito se registra un 48 por ciento de los casos sin denuncia.
Por el penal del Altiplano han pasado varios de los narcotraficantes más importantes del país como Joaquín El Chapo Guzmán, quien logró escapar en 2015; Miguel Treviño Morales El Z40, Héctor Beltrán Leyva y Servando Gómez Martínez La Tuta, uno de los fundadores de la organización criminal La Familia Michoacana y después de Los Caballeros Templarios.
Uso excesivo de medidas cautelares
La investigadora del Programa de Justicia de México Evalúa, Christel Rosales, reveló que gran parte del problema de la falta de sentencias se debe al uso excesivo de medidas cautelares como la prisión preventiva, la cual prevé un plazo máximo de 2 años de duración.
“Las Fiscalías están haciendo uso de este permiso de llevar a las personas a la prisión mientras se desarrollan los procesos (…) pero lo cierto es que no se está cumpliendo ese término de 2 años y en realidad se está prolongando, ya en el sistema acusatorio hemos visto casos de 6 años. Entonces, la persona que está en espera de sentencia, pues prácticamente está purgando una pena anticipada”, indica Rosales.
La especialista explicó que existen varias medidas cautelares que permitirían a un presunto criminal seguir su proceso en libertad, pero con el fin de simplificar la tarea del Estado se permite con facilidad el uso de la prisión preventiva. Lo anterior ha derivado en que el uso de esa herramienta legal se haya elevado 21 por ciento de 2019 a 2020 y Christel Rosales augura que para los próximos años esa cifra “va a seguir incrementándose”.
