Según el Informe 2024 sobre Derechos Humanos de Corea del Norte, elaborado por el Ministerio de Unificación de Corea del Sur, un joven de 22 años fue ejecutado en Norcorea por el delito de escuchar y compartir música K-pop. La ejecución tuvo lugar en 2022 en la provincia de Hwanghae del Sur, pero la noticia se difundió dos años después.
Bajo el régimen de Kim Jong-un, Corea del Norte ha endurecido su postura contra la influencia cultural extranjera, considerándola una amenaza para la estabilidad del país. El joven fue acusado de consumir ilegalmente 70 canciones surcoreanas y tres películas, actos considerados como traición por adoptar una “ideología y cultura reaccionarias”.
La ejecución, llevada a cabo en la capital, Pyongyang, forma parte de una serie de medidas represivas contra la información y cultura extranjera implementadas por el gobierno norcoreano. Estas medidas incluyen espiar los celulares de los ciudadanos para detectar la ortografía de los contactos y las expresiones utilizadas en sus conversaciones, con el fin de determinar si hay influencia de Corea del Sur.
Este trágico suceso subraya la severidad del control del régimen norcoreano sobre sus ciudadanos y su implacable lucha contra cualquier forma de influencia externa. La comunidad internacional sigue vigilante y condena estas violaciones a los derechos humanos, mientras que organizaciones defensoras de los derechos humanos exigen justicia y un mayor escrutinio sobre las políticas represivas de Corea del Norte.
