AGENCIA
EdoMex.- La deportación de mexicanos provenientes de Estados Unidos ha registrado un aumento significativo en las últimas semanas, coincidiendo con la toma de protesta de Donald Trump como presidente de ese país. Según la presidenta de la Comisión de Apoyo y Atención a las Personas Migrantes del Congreso del Estado de México, Yareli Anai Esparza Acevedo, el marco jurídico estatal deberá actualizarse para brindar certeza jurídica y apoyo integral ante el panorama de una repatriación masiva.
En entrevista con la legisladora destacó que, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Migración, entre las últimas semanas de diciembre de 2024 y enero de 2025, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles ha recibido hasta cinco vuelos semanales de connacionales deportados, en contraste con un solo vuelo semanal registrado previamente.
Los protocolos de recepción en la terminal aérea de Tecámac se han reforzado para garantizar la integridad y el respeto a los derechos humanos de las personas repatriadas, así como para facilitar su movilidad hacia sus estados y comunidades de origen.
“Sabemos que el año pasado regresaba un vuelo por semana con alrededor de 400 personas al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Hoy las deportaciones se han quintuplicado. Aunque la situación es reciente, los protocolos implementados son robustos”, señaló Esparza Acevedo.
La legisladora enfatizó la necesidad de reformar las leyes estatales para ofrecer un mejor apoyo a las personas migrantes. Por ello, se trabaja en coordinación con el Gobierno federal y autoridades locales para desarrollar un marco jurídico que permita la reintegración social de los connacionales deportados, promoviendo su acceso a educación, salud y empleo.
“El marco regulatorio vigente en el Estado de México está desactualizado. La Ley de Personas Migrantes cuenta únicamente con 13 artículos, y no responde a las necesidades actuales. Es urgente reformarla por completo”, afirmó.
Como parte del proceso, se llevarán a cabo foros con especialistas y autoridades para integrar una propuesta legislativa acorde a las nuevas demandas. El objetivo es ofrecer un marco legal que brinde soluciones reales y efectivas para las personas migrantes que regresan al país en condiciones adversas.
