Mariana Gutiérrez H.
El Buen Tono
Atzacan.- Para evadir la justicia, desde el pasado 13 de agosto, el presidente municipal de Atzacan, Mario Alberto Vargas Amador, junto con la síndica Carmen Alducin Hernández, y la regidora única, Erika Marcelino, dejaron de asistir a cumplir con sus deberes como ediles al palacio municipal, pues temen que los policías estatales ahora sí los arresten por desacatar un mandato judicial.
De acuerdo al resolutivo publicado por el Poder Judicial, se estableció que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), ha incumplido con tres órdenes de presentación y el arresto contra los ediles.
Y se ha advertido que, si no cumplen con eso, el que tendría que pagar la multa de 15 UMAS sería el titular de la SSP, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, pues han pretextado que los ediles no acuden al palacio municipal y ahora, están obligados a implementar la investigación para localizarlos, ya sea en sus domicilios, y no se deben limitar en ningún momento para cumplir con lo ordenado por el Tribunal, toda vez que aún no se ha cumplido lo solicitado por el Órgano jurisdiccional.
“Haciéndole saber a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado que deberá realizar todas las acciones efectivas necesarias que están a su disposición para dar cumplimiento a la presente determinación establecida y en caso de no localizar a los ediles en su oficina de despacho, deberá implementar la investigación correspondiente para localizarlos”.
Y es que de acuerdo a testimonios de los ex trabajadores despedidos, el alcalde ha estado al parecer pagando una fuerte cantidad de dinero al delegado de la SSP para evitar su detención. Sin embargo y ante el mandato judicial, esta situación ya no podrá continuar derivado a que ahora será el titular de la SSP el que será sancionado.
La ausencia de los ediles ha paralizado varias actividades administrativas en Atzacan, agravando la incertidumbre sobre la gobernabilidad del municipio.
Ante esto, los pobladores temen que la situación ocasione una grave crisis política y administrativa, especialmente considerando que las órdenes de arresto no se han ejecutado, lo que refleja una posible complicidad o falta de voluntad por parte de la SSP para aplicar la ley.
