Efraín Hernández
El Buen Tono
Fortín.- La crisis de seguridad que se registra en el municipio dejó al descubierto la cobardía política de quienes deberían dar la cara y resolver el problema, es decir, las autoridades, especialmente tras el asesinato de Pablo a manos de un policía municipal.
Mientras la gobernadora, Rocío Nahle García, envió a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), para tomar el control de la vigilancia, tras la disolución de la Policía Municipal, el alcalde, Gerardo Rosales Victoria, y los aspirantes a sucederlo optaron por esconderse, sin asumir ninguna postura clara ante la indignación ciudadana existente.
El asesinato del joven de 19 años ocurrido el pasado 28 de febrero provocó protestas y el clamor de justicia; sin embargo, ni el alcalde ni quienes buscan la alcaldía mostraron interés por exigir castigo para los responsables.
Tampoco propusieron soluciones reales al problema que se enfrenta en el municipio. Su silencio los convierte en cómplices de la impunidad del crimen.
“Ya está la Policía Estatal en Fortín, tenemos que garantizar la seguridad en todo el estado, es parte de mi obligación con los municipios o sin los municipios”, declaró la mandataria.
Mientras el estado tomó el control, Rosales Victoria se limitó a ver desde la barrera, sin reconocer que bajo su administración la seguridad colapsó.
Y peor aún, quienes buscan gobernar Fortín en el próximo cuatrienio prefirieron callar antes que incomodar a los grupos que controlan el poder en el municipio.
La omisión, que también es corrupción, de la clase política de Fortín, no es casualidad, es parte de los vicios que existen.
Callan porque hablar significaría comprometerse y, para ellos, es más fácil simular que preocuparse realmente por la seguridad de los ciudadanos.
Al respecto, los pobladores consideraron que, si como aspirantes son incapaces de dar la cara por sus gobernantes, como autoridades repetirían la historia de Rosales Victoria escondiéndose detrás de un escritorio.
