Juan José Enríquez
El Buen Tono
Orizaba.- Al cancelar la construcción de las 12 ciudades judiciales habrá un duro golpe a las finanzas del Poder Judicial del Estado porque tendrían que pagar las penalizaciones por incumplimiento de contrato, señaló la abogada Dulce María Romero Aquino.
La presidenta del Foro Metropolitano de Abogados en Orizaba, indicó que los juristas no tienen la culpa de la mala administración en el Poder Judicial y que con ello no solo se afecten a los litigantes sino a la sociedad.
“Vamos a insistir en que se haga la Ciudad Judicial, nosotros los abogados y los justiciables no tenemos la culpa de la mala administración que ha tenido el Poder Judicial y que ahora recae a la magistrada Isabel Inés Romero Cruz. Imagínate, ahora dice voy a cancelarlas, no quiero que se hagan y no ha pensado en las penalizaciones que seguramente manejan las constructoras o con las empresas en su
contrato”.
Manifestó que como asociación de abogados habrán de emprender acciones legales en el
Distrito XV de Orizaba, pues tanto abogados como justiciables no pueden continuar en el abandono judicial.
Criticó la postura por parte de la Presidenta del Poder Judicial que a dos años salga con sus ocurrencias de decir que quiere cancelar la construcción de las 12
ciudades judiciales.
“La pregunta que viene de la mano es ¿dónde está el dinero que ingresa al Poder Judicial? ¿Dónde queda? porque diariamente recaba con las copias certificadas y multas mucho dinero”.
Es por ello que consideró que es inaudito saber que por caprichos o mala administración no se vayan a edificar, aunado a que se perderá dinero porque al no realizar las construcciones, se presenta una falta de compromiso con lo acordado con las
constructoras y lo que se genere.
