CARLOS GUEVARA
el buen tono
ORIZABA.- Por los delitos de abuso de autoridad, robo agravado cometido con armas y medios violentos y tortura, denunció oficialmente el propietario de la Comercializadora Maga, José Antonio May González, a diversos elementos policíacos que pertenecen a la Policía Ministerial de Investigación adscritos a la Fiscalía General del Estado, de la Unidad Especializa en Combate al Secuestro, Policía Estatal de la Secretaria de Seguridad Pública, Guardia Nacional así como contra elementos de la Fiscalía General de la República, por la comisión de hechos anteriormente descritos.
Para ello, aportó como testimonios pruebas así como evidencias que va desde video grabaciones, fotos y versiones de empleados para proceder legalmente contra los funcionarios del ámbito policial, a quienes señala precisamente de participar en el operativo policial registrado el pasado 9 de Junio del año en curso a las 11:00 horas, en la bodega de su propiedad con razón social Comercializadora Maga, ubicada entre Paso Carretas y la Colonia Ricardo Flores Magón.
Actos a los que calificó como fuera de ley porque llegaron, presuntamente, sin orden de cateo o alguna orden de aprehensión ante un supuesto reporte de secuestro o privación ilegal de la libertad; es así que, May González, determinó proceder conforme lo marca la ley ya que no sólo estima daños millonarios en productos, sino afectaciones psicológicas a sus más de 30 empleados, daño patrimonial, actos de tortura y también teme por su vida.
Además, señala que cuatro de sus empleados se encuentran en la cárcel bajo procedimiento legal, en penales totalmente alejados de esta región lo que constituye otro delito, así mismo desde el día 19 de Junio hasta la fecha la bodega sigue cerrada y tiene entre algunos de sus productos perecederos, lo que son otras pérdidas cuantiosas aunado a la suma de más del millón y medio de pesos, producto de la recaudación de los días 16,17 y 18 previo al presunto operativo que llevaron a cabo las autoridades, anteriormente señaladas, ese dinero era para el pago a proveedores y empleados.
Todo esto forma parte de la denuncia que interpuso formalmente contra las mencionadas corporaciones y, enfatizó dentro del expediente, que en caso de que no proceda en este distrito continuará el proceso a través de la Fiscalía General de Justicia en términos federales, a lo que considera una situación arbitraria y rebasa lo estipulado por la Comisión de los Derechos Humanos.
