Cuando Miguel Ángel Yunes salió a decir a los medios, el miércoles pasado, que teme que no lo dejen tomar posesión de la gubernatura de Veracruz el próximo 1 de diciembre, el Gobernador electo sabía de lo que hablaba. Horas antes, su antecesor y enemigo, Javier Duarte, anunciaba —en la televisión y no en el Congreso de su Estado, como era su obligación— que pediría licencia a la gubernatura. Duarte daba así el primer paso para activar un “acuerdo” que un día antes le garantizaron a la PGR y la Secretaría de Gobernación: que si él renunciaba y respondía al proceso penal en su contra, el Gobierno Federal se encargaría de que pasara exactamente lo mismo con Yunes Linares, que éste fuera procesado también por las denuncias de corrupción en su contra y que, sujeto a proceso federal, no podría tomar posesión como Gobernador.
Es decir, que para convencerlo de que finalmente abandonara el Gobierno, tras el aumento de la inseguridad y violencia en su Estado y luego de las denuncias de corrupción en su contra, el Gobierno Federal le ofreció a Duarte que no caería solo y que si a él se le sometía a proceso lo mismo ocurriría con Miguel Ángel Yunes, a partir de los expedientes e investigaciones que la PGR tiene abiertos contra ambos políticos. Para eso, estuvo el martes el hoy Gobernador con licencia en las oficinas de la Procuradora y del Secretario de Gobernación. “Aplicación de la Ley y justicia pareja”, fue lo que le garantizaron a Javier Duarte, que al día siguiente apareció engallado en el noticiero de Carlos Loret, no sólo para anunciar su petición de licencia, sino también para exigir que se investiguen además sus denuncias contra Yunes y retarlo a un debate televisivo, que ya no tenía ningún sentido.
Yunes Linares debió saber (o al menos sospechar con el olfato político que le caracteriza) de la negociación a la que un día antes llegó Duarte con el Gobierno Federal. Eso explica por qué salió a dar su conferencia de prensa no sólo con el rostro preocupado, sino con un notorio tono pesimista para comentar la petición de licencia de su antecesor, que tanto había solicitado. “Duarte no pierde el fuero al pedir licencia, hay tesis de la Suprema Corte que así lo indican”, dijo de inicio. “Nada que celebrar”. Luego vendría su denuncia de que “intentarán que no tome posesión del cargo” y hasta el temor por su integridad, para finalmente lanzar una clara amenaza dirigida al presidente Enrique Peña Nieto y a su Gobierno: “Quieren impedir que tome posesión como Gobernador de Veracruz, porque saben que he llegado a la médula de la corrupción, saben que tengo información que cimbrará a México”, dijo al amagar con que el 1 de diciembre diría a dónde fue a parar el dinero que Duarte saqueó del Estado.
¿Se refiere el Gobernador electo de Veracruz a las versiones que apuntan a que Javier Duarte financió con recursos públicos de su Estado la campaña presidencial de Peña Nieto y que específicamente fueron desviados miles de millones de pesos del erario estatal, para el pago de las tarjetas Monex, en una ingeniería financiera diseñada por el entonces coordinador de campaña y ex presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Luis Videgaray Caso? Si habla de eso y tiene realmente pruebas para sustentarlo, entonces sí podría “cimbrar a México”, siempre y cuando lo dejen llegar a la gubernatura y no le giren antes una orden de aprehensión por los delitos que le investiga la PGR.
Porque esa es la otra información que ha trascendido tras el “acuerdo” que logró Duarte con el Gobierno Federal. Que la procuraduría ya tiene armado y documentado un expediente de presuntos desvíos millonarios en los que habría incurrido Miguel Ángel Yunes en 2010, cuando fue director del Issste en el Gobierno de Felipe Calderón. Las pruebas que tendría la PGR involucran también a los hijos del hoy Gobernador electo, que de ser llevado a proceso penal por esas investigaciones y si le llegarán a girar una orden de aprehensión no podría, efectivamente, tomar posesión como Gobernador de Veracruz el próximo 1 de diciembre.
Así que, a diferencia del Eclesiastés bíblico, que dice que “si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero”, en el caso de Javier Duarte y Miguel Yunes, enemigos a muerte, si uno de ellos cae, arrastrará al otro para que caiga con él. Eso es lo que viene en el convulsionado caso de Veracruz y sus dos gobernadores, el electo y el que pidió licencia.
Los posibles
magistrados del
Tepjf y el gallo
de Los Pinos.
La elección de los nuevos magistrados del Tribunal Electoral federal que se encargarán de calificar la elección presidencial de 2018, llega a su recta final en el Senado. En los próximos días, los senadores elegirán a los 7 integrantes de la Sala Superior del máximo tribunal electoral de entre las 7 ternas finalistas que les envio la Corte. Y ya se escuchan algunos nombres de los posibles magistrados, entre los senadores que negocian las designaciones.
El primero que se menciona como “seguro” es el magistrado de Circuito, Felipe Fuentes Barrera, quien se dice trae una recomendación muy directa de Los Pinos; al menos eso es lo que les ha dicho el influyente consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos, quien ha desplegado un fuerte cabildeo entre los senadores que negocian los nombramientos. Castillejos, a quien algunos senadores llaman “el senador 121” por la constante presencia e influencia que el consejero presidencial tiene en las negociaciones y aprobaciones de iniciativas presidenciales en el Senado. En este caso, Castillejos ha empujado, como supuesta “recomendación” del presidente Peña Nieto, a Fuentes Barrera para que llegue al TEPJF. Felipe Fuentes encabeza la Cuarta terna y ya había sido propuesto por Peña Nieto, para ser ministro de la Corte en aquel cuestionado proceso en el que se eligió al actual ministro Eduardo Medina Mora. Experiencia judicial y electoral la tiene el magistrado Fuentes, como también tiene “padrinos” fuertes.
Además del “candidato de Los Pinos”, se menciona también a Daniel Cabeza de Vaca, exprocurador de la República en el sexenio de Vicente Fox, como el “elegido” de la primera terna. En la segunda terna puede quedar Claudia Mavel Curiel López, cercana a priistas como Emilio Gamboa y a la magistrada Alfonsina Berta Navarro. De la tercera terna, se perfila el experimentado en Derecho Electoral Rodolfo Terrazas Salgado, exmagistrado en el Tribunal Electoral del DF. En la quinta terna destaca María del Pilar Parra, cercana al presidente de la Corte, Luis María Aguilar. De la sexta se menciona a Eugenio Reyes Contreras, que tendría el apoyo de la ministra Margarita Luna Ramos y del panista Diego Fernández de Ceballos; y finalmente, de la terna séptima, suena el nombre de Alfredo Eduardo Ríos Camarena, cercano a Luis Carlos Ugalde y a Virgilio Andrade. Veremos no sólo quienes son los 7 elegidos para integrar el Tribunal que calificará las próximas elecciones presidenciales que se antojan altamente reñidas y competidas, sino también quienes son los magistrados que se elijan por 3 años (2), quienes por 6 años (2) y quienes estarán en el Trife por 9 años (3), porque estos últimos no sólo calificarán las presidenciales de 2018, sino también las elecciones de 2024.
Notas indiscretas…
El lunes por la tarde el dirigente del PRI, Enrique Ochoa Reza, estará de gira por el convulsionado Veracruz. El líder priista llegará a la tierra veracruzana después de haber sido el principal crítico e impulsor de las investigaciones a Javier Duarte y de su próxima expulsión, dentro de su “cruzada anticorrupción” dentro del PRI. Pero también llegará a un Estado donde el priismo está dividido y lastimado, tras la dolorosa derrota de junio pasado y la sensación de que fueron abandonados por su dirigencia nacional, mientras Duarte arrastraba a todo el priismo, y a su candidato Héctor Yunes Landa, a la derrota histórica en Veracruz. ¿Cómo recibirán los priistas veracruzanos a Ochoa? Hablando de priístas lastimados y divididos, los de Durango, además de eso, están en una “guerra civil”, tras perder la gubernatura en los pasados comicios. El pleito en el PRI duranguense ha escalado tanto, que esta semana la senadora Leticia Herrera, alcaldesa de Gómez Palacio y la priista que tiene la mayor posición de poder en estos momentos, acusó al exgobernador Jorge Herrera de estar detrás de la muerte de su padre, Carlos Herrera. “El fue un factor fundamental para que Carlos Herrera muriera”, dijo la alcaldesa justo el día en que el dirigente nacional priista, Enrique Ochoa, visitaba el Estado. La presencia de Ochoa también sirvió para que las luchas intestinas afloraran cuando el priísmo lo recibió con sendos desplegados en la prensa local en los que acusaban a los ex gobernadores Herrera e Ismael Hernández Deras, de ser “los culpables de la derrota” de su partido y de pretender imponer ahora a los nuevos dirigentes del PRI en el estado. Los priistas duranguenses están en plena catarsis tras la derrota. En el PAN decidirán si proceden a la expulsión de Guillermo Padrés, sólo si la PGR procede penalmente contra el exgobernador de Sonora, al que ya le quitaron sus derechos partidistas. “La Comisión Anticorrupción del PAN no es Ministerio Público y sólo expulsará a panistas que han dañado la imagen de su partido, cuando se pruebe judicialmente sus delitos”, dijo ayer Luis Felipe Bravo Mena, en entrevista con el noticiero matutino La Ciudad y el Mundo de Ciudad TV 21.2 El Canal de la Asamblea. También dijo que avanza el proceso interno contra Margarita Arellanes, alcaldesa de Monterrey, a la que también podrían suspenderse los derechos y, posteriormente, de haber elementos, expulsarla del panismo… Lanzamos los dados. Escalera doble. Buena semana.
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