Guatemala.- Ni un familiar, ni su esposa, ni un amigo. Duarte de Ochoa está solo en la primera audiencia, en donde conoció de qué se le acusa en México, quién lo delató, quiénes lo traicionaron. Y cuál será su futuro inmediato.
En una audiencia que se prolongó por más de una hora hasta un primer receso, el Juez leyó a Duarte y a quienes estaban en esa Sala, la acusación del Gobierno mexicano que propició su detención.
A detalle, durante 45 minutos, se resumió parte de la actividad criminal detectada por la investigación de la PGR, basada en declaraciones de integrantes de la célula criminal formada desde el año 2010 para saquear a Veracruz. Entre los que traicionaron a Duarte, se confirmó ayer en la audiencia, se encuentran Moisés Manzur, José Juan Janeyro, Mario Rosales Mora y Alfonso Ortega López, todo con actividades específicas dentro de la Red Criminal formada por Duarte.
Uno de los prestanombres de Duarte, declaró a la PGR que en 2010, en una fiesta en Ixtapa, Javier Duarte le instruyó a que recibiera fondos y los dispersara a distintas inversiones. Esto es, desde el inicio de su mandato, comenzó el saqueo. Y el Juez guatemalteco dio detalles, como el hecho de que se adquirió un departamento en Polanco, que se puso a nombre de Moisés Manzur, y en el caso del Núcleo Ejidal Lerma de Campeche, Javier Duarte ordenó la compra de 21 parcelas, por las que se pagaron 20 millones de pesos, y para poder comprarla, Mansur y Ortega López falsificaron documentos para acreditar que habían vivido un año en ese Núcleo Ejidal, requisito para la adquisición de los terrenos. La acusación también menciona la forma en que se crearon una serie de Empresas Fantasma, para transferir hasta 350 millones de pesos que originalmente estaban destinados al Sector Educativo.
Arturo Bermúdez Zurita, actualmente preso en Pacho Viejo: declaró que recibió una llamada de Tarek Abdalá, actualmente diputado federal y entonces Tesorero del Estado, en la que le dio la instrucción de cómo utilizar recursos que depositarían en las cuentas de su Secretaría, para después dispersarlos a través de diversas Empresas Fantasma.
Se detalló cronológicamente la forma en que se llevó a cabo el saqueo sistemático a las arcas del Estado a través de la Secretarías de Salud, de Educación y de Desarrollo Agropecuario.
También, salieron a relucir los problemas que tenían para poder “legitimar” el saqueo. Es el caso de 350 millones de pesos que no pudieron ser “lavados” por Juan Manuel del Castillo, y que le costó el puesto en la Secretaría de Finanzas. Duarte había ordenado que simplemente “desaparecieran” el origen y la fecha de ingreso de ese dinero de los registros electrónicos contables.
En Guatemala, no se juzgará a Duarte, por lo que no está obligado a defenderse ni a tartar de demostrar su inocencia respecto de las acusaciones de la PGR.
También, se le explicó al exgobernador que la extradición podría darse en mucho menos tiempo, si Duarte aceptaba y solicitaba que se le enviara a su País de inmediato. Duarte no aceptó, por lo que el Tribunal deberá informar oficialmente al Gobierno de México de la detención de Duarte, trámite que podría tardar hasta 20 días, y a partir de la notificación oficial, México tendrá 60 días naturales para solicitar la extradición, detallando los cargos y las acusaciones, pues no podrá enjuiciar a Duarte en México, de lo que no se le acuse en Guatemala.
