A la par de la ratificación del triunfo de Miguel Ángel Yunes Linares, de parte del Tribunal Electoral este miércoles, al no encontrarse anomalías en el “conteo o recuento de paquetes”, la opinión pública prevé suceda una solicitud de licencia de parte del gobernador Javier Duarte.
Tras ello, obligadamente tendrá que ponerse a disposición de las autoridades federales competentes, que le reclaman la comprobación de 35 mil 400 millones de pesos.
Y es que después de agotar el propio Duarte todas las gestiones de cabildeo con el Centro ante las instituciones de Gobierno, de no encontrar respaldo en su “mejor amigo”, el presidente Enrique Peña Nieto, luego de repetidos descolones, y observar la huída y sucesivos amparos de sus amigos y colaboradores, el aún mandatario se rinde.
De hecho, se prevé adelante lo que él mismo deslizó en torno a una sorpresa antes de la toma de posesión de Miguel Ángel Yunes Linares.
“No sé si voy a estar en algún otro punto en el Estado de Veracruz, pero de que va ser notoria mi presencia el primero de diciembre la va a ser”, le dijo el pasado 9 de agosto al periodista Ciro Gómez Leyva.
Hoy, Duarte está colocado al borde del abismo.
Habrá de tomar una decisión, sea a través de una puerta de escape a un país donde no se tenga convenio de extradición, sea a través de una puerta falsa o por la vía legal.
Y es que el controvertido gobernante ha sostenido de manera poco creíble para la ciudadanía y las autoridades federales, que su único patrimonio son dos casas prácticamente de interés social y tres vehículos de uso con valor mínimo, según declaró el pasado 27 de julio, tras presentar su declaración patrimonial, misma que le fue rechazada por el Instituto Mexicano para la Competitividad, por incompleta y sesgada.
Y ni cómo ayudarlo.
Duarte ya no vive en “Casa Veracruz”, duerme en Fortín. Acuerda con sus colaboradores por el celular, sólo en caso de emergencia y para temas específicos.
Asiste a actos públicos con una agenda improvisada, es decir, si se sucede una inundación, matanza o actos de barbarie o algún acto público en la Ciudad de México que requiera su presencia, de otra suerte no se le molesta.
Gobierna por Twitter y por celular tiene comunicación permanente con su secretario de Gobierno, Flavino Ríos, que es quien realmente lleva las riendas de todo lo que acontece en Veracruz.
Desde semanas atrás, su propia familia tomó la determinación de abandonar el país en breve, ante inminentes problemas de rendición de cuentas y sus amigos, socios y prestanombres han adoptado la postura de “si te vi, ni me acuerdo”, de tal suerte que el heredero de la Fidelidad está desamparado y embarcado con un problemón financiero difícil de aclarar.
La Auditoría Superior de la Federación, así como el Sistema de Administración Tributaria, apoyados por la Siedo con el programa “Siguiendo el dinero” y el balance bancario que registra los movimientos del recurso público del Gobierno de Veracruz los últimos seis años, ya tienen listos los expedientes que lo incriminan.
Con Duarte, parte de su equipo de colaboradores tendrá que pasar a barandilla para explicar dónde está el dinero público no aplicado a programas sociales y pago a proveedores, instituciones públicas y privadas, la UV, IPE, OPLE y a los empresarios inversionistas, muchos de los cuales quedaron en bancarrota ante el incumplimiento gubernamental de pago.
Y por si ello no fuera suficiente, el pasado fin de semana recibió una notificación del CEN del PRI en torno a su inminente expulsión, dado sus antecedentes de corrupción.
Será el Congreso del Estado el que previsiblemente reciba la solicitud de licencia del gobernador Javier Duarte, para que en sesión extraordinaria designe a un Gobernador provisional que únicamente servirá de puente, de enlace con el próximo Gobernador a tomar posesión en tres meses, el primero de diciembre.
Previamente el Congreso de Veracruz tendrá que hacer una consulta al Centro para evitar nuevos choques con el Gobierno entrante, producto de solapamientos, ocultamiento de la información y saqueos de última hora.
El mandatario provisional tendrá que abrir las puertas de la institución y ponerse a las órdenes del gobernador Yunes Linares y los equipos de auditores federales que vienen a Veracruz a comprobar lo que ya saben, el estado de quiebra financiera.
La suerte de Duarte pues, está echada. Su imperio de naipes está por llegar a su fin. Con ello la rendición de cuentas de él y sus conspicuos.
Señalados por daños patrimonial están: Juan Felipe Aguilar de la Llave, exsecretario de Finanzas y Planeación; al igual que Rafael Germán Murillo Pérez, José Salvador Sánchez Estrada, Fernando Charleston Hernández y Mauricio Martín Audirac Murillo, todos los exsecretarios de Finanzas y
Planeación.
Carlos Aguirre Morales, subsecretario de Egresos de la Sefiplan; Antonio Ferrari Cazarín, exsubsecretario de Finanzas de la Sefiplan (actual director de Patrimonio del Estado de Veracruz); y Lorenzo Antonio Portilla Vázquez, Auditor general del Orfis, exdirector general de Control y Evaluación, de la Contraloría General del Estado.
Involucrados, además, Jon Gurutz Rementería Sempé, exsecretario de Salud (2004-2007) y exdelegado del IMSS en la Zona Sur de Veracruz; Leonel Bustos Solís, exdirector general del Régimen Estatal de Protección Social en Salud, de la SSA, y exdirector general del Seguro Popular; y Beda Ocampo López, exdirectora de Recursos Humanos de la SEV.
Responsables del quebranto están incluidos: José Rafael Méndez Escobar, exfuncionario de la Secretaría de Salud; Clara Luz Prieto Villegas, exsubdelegada de Desarrollo Comunitario y Participación Social de la delegación de Sedesol en Veracruz, excontralora del Estado; Jesús Guillermo Villegas Ríos, exdirector de Control y Evaluación de la Contraloría del Estado y Santiago Mota Bolfeta, exdirector de la Comisión Constructora de Salud del Estado.
Cierran esta primera lista: Nicolás Gerardo Baizabal Silva, exsubdirector de Operación Financiera de la Subsecretaría de Finanzas y Planeación, cuando Javier Duarte era subsecretario de Finanzas; Rocío Hernández Ríos, exsubdirectora administrativa del Régimen Estatal de Protección Social en Salud de la SSA; Timoteo Aldana Carrión, exdirector administrativo de Servicios de Salud de la SSA; Carlos González Cruz, exjefe del Departamento de Contabilidad de la Secretaría de Salud de Veracruz; Edgardo Hernández Callejas, exfuncionario de la Secretaría de Salud de Veracruz y Juan Gabriel Hernández Jiménez, exfuncionario de la Sefiplan.
También en la fila de los investigados están los notarios que permitieron los ilícitos en empresas fantasmas. Entre ellos, se encuentran: Jorge Monreal Montes de Oca, Daniel Cordero Gálvez, Gabriel Alejandro Cruz Maraboto, Alberto Javier Robles Mijares, Óscar Alemán Páramo y Wendy Mariana Cruz de la Fuente.
Son los que legalizaron por la vía notarial la transa de los 645 millones de pesos, lo cual configura el delito de lavado de dinero.
Se tiene conocimiento, de igual manera, de que varios de ellos le han trabajado asuntos a las familias Duarte-Macías-Tubilla y si se le rasca un poco más habrá de encontrarse la madeja que encubre todo el entramado de ilegalidades.
Todo ello sin contar, dirían los clásicos, a los peces gordos: Gabriel Deantes, Tarek Abdalá, Tomás Ruiz, Vicente Benítez, Gina Domínguez, Jorge Carvallo, Arturo Bermúdez, Adolfo Mota, Erick Lagos, Harry Grappa, Fernando Benítez Obeso, Yolanda Gutiérrez Carlín y José Antonio Nemi, entre otros.
Eso en el recuento sexenal de Javier Duarte, ya que atrás de todo está Fidel Herrera Beltrán, responsable directo del quebranto político financiero.
No se puede justificar inocencia contra quien heredó a Veracruz un corrupto incapaz para gobernar. Menos que haya dejado lastres disfrazados de asesores del millón: Pepe Murat, amigo y socio del “Dragón Rojo”, Enrique Jackson, quien compró a Flavino Ríos una casa de 15 millones de pesos, y Rubén Aguilar Valenzuela, exvocero de Fox.
Bien se ha dicho que sin el uno, Fidel, no habría existido un dos, Javier. No se puede ir Duarte sin que también se llame a cuentas a Herrera Beltrán.
Tiempo al tiempo.
*Premio Nacional de Periodismo
