GUATEMALA.- Después de escuchar durante media hora las acusaciones en su contra -que van desde peculado a tráfico de influencias- el exGobernador tomó la palabra y anunció su intención de presentarse ante la justicia mexicana por las “irrisorias” acusaciones.
“Se trata de una falta de respeto a las autoridades aquí presentes (…) no perdamos más tiempo y deseo pedir la extradición”, sentenció.
La Fiscal detalló que aún queda un último trámite, que deberá cumplirse el próximo martes 4 de julio, durante una nueva audiencia pública, por lo que podría retrasarse algunos días su extradición, que ya fue aprobada por el Juez.
Durante la sesión de ayer martes, a la que fue convocado para darle a conocer los cargos que le imputa el Gobierno de Veracruz, Duarte empleó siete minutos en revelar sus intenciones y, de paso, la que será su estrategia de defensa ante las acusaciones de un “Gobierno fallido”: “Es irrisorio acusarme de tráfico de influencias cuando ya no era servidor público”, dijo, o por “transferir 220 millones de pesos (unos 11 millones de dólares) de una cuenta del Estado a otra cuenta del Estado, por lo que no hubo extracción del dinero público”, se defendió ante el Juez.
Ayer martes, la Sala Tercera del Juzgado de Ciudad de Guatemala se quedó pequeña para recibir a uno de los presos más conocidos del País centroamericano, rico en políticos encarcelados. El exGobernador, con aspecto tranquilo, barba y el pelo más corto, escuchó durante media hora los cinco cargos que le imputa la Fiscalía de Veracruz: Tráfico de influencias, abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado y coalición.
Mientras la fiscal Karina Bolaños leía los delitos, Duarte interrumpía hablando con su abogado, susurrando y/o haciendo precisiones en voz baja, hasta que el Juez le obligó a guardar silencio, en espera de su turno de palabra.
Durante ese tiempo, la Fiscal relató que Duarte sacó de cuentas públicas 220 millones de pesos mexicanos, de un fondo previsto para llevar agua potable y mejoras en el alcantarillado en las zonas rurales de Veracruz, relató.
Previamente, el Juez no había permitido al asesor mexicano de Duarte, Pablo Campuzano, sentarse junto a él, debido a que no está legalmente acreditado en el País para ejercer, y, sin comenzar la sesión, lo obligó a colocarse junto a los periodistas.
La decisión de Javier Duarte supone un cambio en la estrategia mantenida hasta ahora de retrasar lo más posible su llegada a México, donde le espera un largo rosario de acusaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) a las que se añaden ahora las de la Fiscalía veracruzana.
Duarte, detenido en Guatemala en abril de este año, había huído en octubre cuando empezó a revelarse su participación en los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. “Durante su mandato realizó un complejo esquema de desvío de recursos y pretendió otorgarle apariencia de licitud”, acusó José Antonio Galdamés, uno de los fiscales, durante la primera audiencia.
Después de seis años como Gobernador de Veracruz, la Fiscalía mexicana responsabiliza a Duarte de encabezar y girar instrucciones a una red de testaferros que “compró propiedades con recursos que provenían de las arcas de Veracruz”.
La PGR le imputa el saqueo de 253 millones de pesos de los fondos públicos de las secretarías de Salud y Educación.
Una fortuna que, después de un complejo proceso de ‘blanqueo’, usó para asegurarse la vejez con la compra de inmuebles de lujo, entre ellos dos casas en Lomas de Chapultepec (Ciudad de México) y un rancho de diseño en la exclusiva zona de Valle de Bravo (Estado de México), que ya le fueron confiscados.
