La marihuana y el petróleo, por distintos motivos, son los temas del debate público. Uno por la propuesta de despenalizar su consumo, el otro por la necesidad de una nueva regulación jurídica para la energía. Poca o ninguna relación tienen, salvo que son made in México, de exportación y buenos negocios. Tienen una historia y valoración social muy distinta en la cultura nacional. La primera corre por los circuitos de la ilegalidad, el otro se vende en mercados institucionales.
El origen y los actores del debate también son diferentes, su naturaleza, complejidad y el destinatario para formar consensos. También difieren en las oportunidades de ganarse y los resultados de la discusión. De su coincidencia coyuntural en la agenda pública se llega a decir que uno es un distractor del otro y se califica el debate de la marihuana como irrelevante. Pero ofrecen una oportunidad para comparar las diferentes funciones del debate, los medios empleados -quién, cómo y para quién se argumenta- Contrastar posiciones es imprescindible para la democracia y la representación política, los consensos sobre las decisiones y el ejercicio de las garantías (libertad de expresión y de prensa), aunque nosotros tenemos poca experiencia con esta práctica.
El debate petrolero es neurálgico para el futuro del país y las oportunidades del gobierno de Peña Nieto. Se promueve desde el vértice del poder y se inscribe en la agenda de los partidos, más que en la de la sociedad. Ello se ve en la campaña del Ejecutivo con mensajes filtrados sobre la emergencia energética y la cercanía del abismo, que buscan crear un clima propicio a su propuesta antes de llevarla al Congreso.
Decía Condorcet que el poder político busca controlar la información para homologar la ideología y la política en las opiniones que quiere suscitar en los ciudadanos. Es cierto, este debate se plantea como una lucha por ganar el poder simbólico, más que como el intento de convencer a los ciudadanos del beneficio social de la reforma. La lucha del oficialismo por arrebatar el estandarte de Cárdenas y la imagen mítica de la estatización contra la voracidad del capital extranjero; y desde parte de la izquierda la eterna denuncia de la traición a la patria y la “mafia del poder” que se apropia de los bienes públicos. Es un combate entre partidos.
Para el consenso en sociedades tradicionales cuenta mucho el apoyo del “consejo de ancianos” (los próceres) y los oráculos con quienes se identifica la gente, más que los argumentos. La calle no está con la apertura de Pemex como muestra el rechazo mayoritario a la privatización, según una reciente encuesta del Congreso. Así, persuadir es una tarea difícil para el gobierno porque no demuestra los beneficios tangibles de la reforma y, en cambio, prevalece la imagen de corrupción de la renta petrolera. Por eso el destinatario de su estrategia es convencer o neutralizar a parte de la izquierda, más que ganar el respaldo de la opinión pública. La reforma pasará finalmente con votos en el Congreso y se pueden construir mayorías con el PAN y el PVEM. No obstante que otras iniciativas han sucumbido al rechazo de la calle y aquí la oposición le lleva la delantera.
El debate de la marihuana, en cambio, no se origina del poder, proviene de circuitos marginales, voces disidentes, académicos y de la cultura, pero crece por el fracaso del consenso prohibicionista. Sus antecedentes están en movimientos culturales y se abre paso por la necesidad de opciones al costo social de la “guerra contra las drogas” o el absurdo de llenar las cárceles con fumadores de marihuana. Los impulsores tampoco reciben recursos oficiales del gobierno, pero la suma de voces de notables, ex presidentes e intelectuales a favor de despenalizar abre un boquete al discurso ideológico y se reduce la estigmatización de los consumidores. Es más un tema de la sociedad y se fortalece por el fracaso de la lucha antidroga.
A diferencia del debate energético, éste aprovecha el hartazgo de la violencia (aunque no haya prueba de que la despenalización la reduzca). Y sobre todo conecta con la idea cada vez más extendida de que ganar la batalla contra las adicciones es más posible y menos cruento con enfoques de salud y prevención que con policías y armas. Aunque también en este caso, el cambio en la opinión pública aún no se refleja en una posición mayoritaria a favor de la legalización. Éste es el público a convencer en el debate antes de lograr consenso de los partidos. ¿Cuál debate se abrirá paso en el Congreso?
*Analista político
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