Orizaba.- A punto de que concluya el actual período de la Legislatura del Estado, personas con discapacidad no se encuentran conformes con el proceder de los Diputados locales, al generarse un retroceso en los logros que obtuvieron en años anteriores y que se quedaron detenidos, al priorizar otros aspectos y relegarlos nuevamente, ya que nunca hubo un Reglamento que respaldara la Ley 822.
El presidente de la Asociación de Invidentes y Deficientes Visuales, AC, Leonardo Javier Gutiérrez Tamayo, dio a conocer que el proceso de actualización y aplicación de los Derechos Humanos, de las personas con discapacidad, ha venido entendiéndose paulatinamente, a raíz de la Reforma Constitucional al Artículo Uno en 2011, se obtuvo por parte del Congreso del Estado la publicación de una modificación a la Ley de personas con discapacidad, conformándose la Ley 822.
Con esta publicación, se había considerado como un gran logro para Veracruz, porque establecía los cánones y seguimientos de la inclusión de las personas con discapacidad; esta Ley Estatal por ende debía tener un Reglamento, el cual nunca se llevó a cabo, “durante todo el tiempo que estuvieron los Diputados nunca se realizó, por tantas situaciones de excusas y pretextos de prioridades, que supuestamente existían en el Estado”.
Gutiérrez Tamayo, estableció que la verdadera situación del porqué no se llevó a cabo se debe a que esa Ley prevé —hasta la fecha, porque no ha quedado sin efecto— que haya una pensión vitalicia para personas que se encuentran en estado de necesidad, es decir, con alguna discapacidad, pero no quieren comprometerse a cumplir con los apartados que están plasmados.
“Esto dice el Artículo 34 desde su publicación, jamás se ha visto cumplir ni por parte del Gobierno, ni de la Legislatura, mucho menos por parte de quien debe y tiene la responsabilidad de hacerlo valer, que es el DIF Estatal”, enfatizó.
Considerando que lo plasmado en la Ley hacia este sector se ha convertido en letra muerta, pero dijo que no es el único tema, ya que se preveía el transporte adaptado, en donde el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), les otorgó 80 millones de pesos para la compra de estas unidades especializadas, para trasladar a las personas con algún problema de discapacidad, pero ahora son muy pocas las que operan y no se sabe dónde está el resto de las unidades.
“Se les dio la concesión para obtener créditos, que utilizaron para comprar camionetas adaptadas para llevar a la gente que atienden dentro de los DIF, al cambio de Gobierno esas camionetas desaparecieron, son muy pocas las dependencias que cuentan con esas unidades”, por lo cual exigió que es necesario que se transparente esa situación.
