Este lunes, el Pleno de la Cámara de Diputados anunció que el próximo 13 de noviembre discutirá la extinción de siete organismos autónomos, como parte de una serie de reformas propuestas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador antes de la toma de protesta de Claudia Sheinbaum Pardo como presidenta. La iniciativa, impulsada por la Junta de Coordinación Política (Jucopo), se analizará en dos sesiones ordinarias programadas para el 12 y 13 de noviembre.
¿Por qué eliminar órganos autónomos?
La propuesta busca liberar presupuesto que será destinado a programas sociales en beneficio de la ciudadanía, como el Fondo de Pensiones para el Bienestar. En particular, el proyecto plantea ajustar diversos artículos de la Constitución, tales como el 3, 6, 26, 27, 28, 41, 76, 78, 89, 105, 113, 116, 123 y 134, lo cual representaría un ahorro significativo para el gobierno federal.
Los organismos que podrían ser eliminados incluyen el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), entre otros. La propuesta sugiere que sus funciones sean absorbidas por distintas dependencias del gobierno, generando una centralización de tareas y optimización de recursos. Por ejemplo, las funciones del IFT serían trasladadas a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), mientras que el INE asumiría responsabilidades en el acceso a la información y protección de datos personales relacionadas con partidos políticos.
Una semana crucial en la Cámara de Diputados
En la primera sesión, además de la reforma de extinción, se analizarán temas de igualdad sustantiva y protección animal, así como la ratificación de Rogelio Ramírez de la O como titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Por su parte, la segunda sesión se centrará en la discusión y posible aprobación de la extinción de estos órganos autónomos y el traslado de sus funciones a la administración pública federal.
Este cambio podría impactar áreas como la transparencia, competencia económica y regulación energética, y ha generado debate entre legisladores y organizaciones sociales sobre los beneficios y riesgos de centralizar estas funciones.
