Agencias
México.- El 14 de noviembre de 2024, la Cámara de Diputados aprobó una reforma constitucional para ampliar el catálogo de delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa (PPO). Con 335 votos a favor, 108 en contra y sin abstenciones, se modificó el artículo 19 de la Constitución, añadiendo delitos como extorsión, contrabando, y actividades relacionadas con fentanilo y otras drogas sintéticas. Esta medida busca reforzar el combate a la delincuencia, aunque ha generado controversia debido a las implicaciones en derechos humanos. La reforma forma parte de un paquete impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Entre los cambios más destacados, se excluyen del catálogo el narcomenudeo y la defraudación fiscal, tras las intervenciones del diputado Ricardo Monreal, quien abogó por un enfoque social en el tratamiento de estos delitos. A su vez, la reforma amplía la PPO a quienes estén involucrados en el tráfico de precursores químicos utilizados para la fabricación de drogas sintéticas. Sin embargo, la medida ha sido criticada por organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha señalado su posible incompatibilidad con estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Actualmente, una gran parte de la población penitenciaria en México está bajo prisión preventiva oficiosa, con un 44.3% de los internos sin sentencia al cierre de 2023. Este porcentaje es más alto en mujeres, de las cuales casi la mitad no ha recibido una sentencia. Aunque la reforma busca mayor eficacia en la lucha contra el crimen, la implementación de la PPO de manera automática sigue siendo un tema controvertido, ya que limita la presunción de inocencia y afecta de manera desproporcionada a ciertos sectores de la población.