Este miércoles, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la reforma a la Ley de Amparo, con 338 votos a favor y 126 en contra, y sin abstenciones. La iniciativa, impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tiene como objetivo armonizar la Ley de Amparo con la reforma constitucional en materia del Poder Judicial, aprobada en septiembre del año pasado.
La reforma busca actualizar y sistematizar el marco legal, con el fin de garantizar una justicia más ágil, efectiva y equitativa para todos los mexicanos. En palabras del presidente de la Comisión de Justicia, Julio César Moreno Rivera, “la armonización de la Ley de Amparo con la reforma constitucional en materia del Poder Judicial no solo es un ajuste normativo, sino un paso fundamental para garantizar el acceso a la justicia más ágil, efectivo y equitativo para todas y todos”.
Una de las principales modificaciones de la reforma es la reducción de las votaciones necesarias para que las decisiones de la Suprema Corte de Justicia sean válidas. El número de votos de los ministros, que actualmente es de ocho, se reduce a seis, en los casos en que se establezca jurisprudencia por precedentes o declaración de inconstitucionalidad de normas generales.
El dictamen también establece que, hasta que los nuevos ministros de la Corte tomen protesta en septiembre de 2025, el funcionamiento y las reglas de votación de la Corte se mantendrán conforme a la Ley de Amparo anterior. Además, se introduce un ajuste importante en los procedimientos judiciales, donde el juicio de amparo no procederá contra actos del Órgano de Administración Judicial y del Tribunal de Disciplina Judicial.
La reforma también incluye un cambio significativo en el lenguaje legal. Se sustituye el término “salario mínimo” por “Unidad de Medida y Actualización” (UMA) y se adopta un lenguaje incluyente, reemplazando expresiones como “grupos vulnerables” por “grupos en situación de vulnerabilidad”. Este enfoque busca no solo mejorar la claridad de la legislación, sino también contribuir a erradicar la discriminación y la violencia estructural en el país.
Para Morena Rivera, esta reforma es un mandato constitucional para adecuar la Ley de Amparo y garantizar que el juicio de amparo no sea procedente contra actos del Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial, conforme a las modificaciones de la Constitución.
Con esta reforma, México da un paso importante hacia un sistema de justicia más transparente y justo, donde el acceso a la justicia no sea un privilegio, sino un derecho efectivo para todos. Sin lugar a dudas, este cambio representa un avance significativo en el fortalecimiento de la democracia y del Poder Judicial mexicano.
