Es cierto el dicho que señala que nadie es indispensable en la vida. Sin embargo, sí se hacen indispensables -y son escasos- quienes en la vida pública de la actualidad deciden ejercer su cargo con dignidad. Ese es el caso de los actuales consejeros electorales del Instituto Federal Electoral (IFE): Marco Baños, Lorenzo Córdova, María Marván y Benito Nacif (en orden alfabético).
No obstante el maltrato público al que han sido sujetos los consejeros del IFE por parte del legislador federal y los partidos políticos, ellos han asumido una posición de prudencia y responsabilidad de Estado que muy probablemente sea una de las piezas clave para que la reforma constitucional en materia político-electoral tenga una transición menos accidentada de lo que ya de por sí está implicando.
Cabe recordar que el régimen transitorio de la reforma se limitó a darles el beneficio de poder participar en el nuevo proceso de selección de integrantes del nuevo Instituto Nacional de Elecciones (INE). Ese desdén en el trato hacia los consejeros podrá afectar sus expectativas inmediatas, pero en realidad a quien verdaderamente afecta es la honra y reputación de nuestras instituciones.
Por lo mismo, es previsible que los consejeros no acepten las condiciones de volverse a formar a la fila, a diferencia de otras autoridades que ya han perdido piso y se encuentran haciendo un papelón.
Ello debido a que al ejercer el cargo los consejeros del IFE juraron respetar y hacer valer la Constitución y las leyes que de ahí emanan, lo cual hasta el momento es incontrovertible que así ha sucedido. El problema está en que ese juramento individual que implica obligaciones irrenunciables, venía acompañado de una contraprestación que es el principio de inamovilidad constitucional durante el periodo para el cual el Poder Legislativo los designó en nombre del Estado mexicano.
Por la misma razón, es que la propia Carta Magna prevé mecanismos para juzgar y separar a quienes incumplen los principios inherentes que juraron hacer respetar en el ejercicio de la función.
No se trata de un alegato para que los actuales consejeros conserven un buen empleo, sino una defensa para hacer efectiva una previsión constitucional que es la garantía de imparcialidad que el cargo requiere. En otras palabras, la inamovilidad en esta función del Estado no es sinónimo de imparcialidad, pero sí permite generar un base mínima para poder actuar con libertad en la aplicación estricta de la ley.
Desafortunadamente tampoco ha ayudado el precedente de la reforma electoral de 2008, mediante el cual, so pretexto de una reforma más en la materia, se aprovechó para negociar de forma arbitraria la salida de tres consejeros electorales del IFE.
Se trata de un repetido error de visión de los partidos políticos al seguir apostando a la suma de parcialidades de quienes integran la autoridad electoral, en vez de apostar a un sistema compuesto por perfiles de alta trayectoria profesional e independientes, que permita garantizar la imparcialidad en el ejercicio de la función.
Por tal razón, de cara a la conformación del nuevo órgano electoral a nivel nacional, ahora el elemento clave radicará en la seriedad, profesionalismos e independencia de aquellas personas que serán designadas para integrar el Comité Evaluador que seleccionará los perfiles finalistas para el Consejo General del nuevo INE.
Sólo en la medida en que dicho Comité tenga como propósito genuino elegir a los mejores perfiles y que ello esté asociado con cualidades para garantizar la independencia e imparcialidad que se requiere, dependerá el éxito o fracaso del nuevo sistema electoral a nivel nacional.
De lo contrario, ese costo que hoy paga México con la salida a destiempo de cuatro consejeros que han servido al IFE con profesionalismo, independencia e imparcial, será el último recuerdo de lo que es ejercer esta máxima función con la dignidad que exige el cargo.
*Abogado y extitular de la Fepade.
