De la Redacción
EL BUEN TONO
ORIZABA.- A partir del próximo 10 de octubre, los orizabeños volverán a ver circular los autobuses “Gallos” y “Búhos” bajo la administración municipal de Juan Manuel Diez Francos.
A pesar de que la operación de las ocho unidades (cinco “Gallos” y tres “Búhos”) ha sido calificada como ilegal por instancias estatales, el Cabildo orizabeño aprobó su reactivación con el respaldo del alcalde, quien asegura tener “todas las autorizaciones”.
Sin embargo, estas declaraciones son cuestionables, en noviembre de 2023, el Gobierno estatal, a través de Transporte Público, suspendió el servicio debido a la falta de permisos legales para su operación.
Ahora, Diez Francos afirma contar con los permisos necesarios y justifica la decisión bajo el argumento de la “autonomía municipal”: “Nunca estuvimos fuera de la ley, tenemos la facultad para hacerlo”, aseguró el edil, quien decidió postergar la reactivación de las unidades hasta después de las elecciones para evitar cualquier señalamiento de uso electoral del programa.
La reactivación de los “Gallos” y “Búhos” no sólo representa una pesada carga financiera para la ciudadanía, sino también un desafío abierto a las leyes del estado. Las autoridades de Transporte Público suspendieron el servicio precisamente porque las unidades no cumplían con los requisitos legales para circular.
El hecho de que ahora el alcalde decida unilateralmente ponerlas en marcha bajo la premisa de “autonomía municipal” es una muestra clara de que se priorizan intereses personales sobre el cumplimiento de la ley.
La reactivación de estas unidades se hará con recursos municipales, ya una vez los detuvieron y pagaron más de 150 mil pesos en multas por dar un servicio sin autorización. Además, la manera en que los quiere poner a trabajar genera una pérdida de 500 mil pesos mensuales, más la depreciación de las 8 unidades porque dan un servicio abajo del costo de operación, lo que genera esa pérdida mensual. Mientras tanto, los ciudadanos no sólo tendrán que lidiar con el gasto adicional, sino también con la incertidumbre de saber si este servicio será nuevamente suspendido y multado por las autoridades estatales, como ocurrió hace menos de un año.
El argumento de Diez “porque soy el presidente municipal y lo decido yo”, deja en evidencia la falta de diálogo y transparencia en la toma de decisiones de esta naturaleza.
