La reforma en materia de Prisión Preventiva Oficiosa (PPO) ha dado un gran paso en su implementación tras ser aprobada por 17 congresos estatales, cumpliendo así con el requisito constitucional de contar con el aval de la mitad más uno de los legislativos de las entidades federativas. Con esta aprobación, la reforma está lista para ser publicada en el Diario Oficial de la Federación y entrar en vigencia.
Entre los estados que ya han aprobado la reforma se encuentran Chiapas, Ciudad de México, Colima, Durango, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Esta reforma, previamente avalada por la Cámara de Diputados y el Senado, otorga a la Fiscalía General de la República (FGR) y a las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como de Economía (SE), la facultad de solicitar la detención preventiva de cualquier persona sospechosa de delitos como contrabando, defraudación fiscal y otros crímenes relacionados.
Esta medida surge en un contexto de lucha contra el contrabando y la evasión fiscal, con especial énfasis en frenar la entrada ilegal de productos, especialmente provenientes de China, que afectan negativamente la economía y el mercado mexicano. Según el Sistema de Administración Tributaria (SAT), en 2023, las aduanas y actividades relacionadas con el comercio exterior concentraron la mayor parte de los casos de evasión y contrabando, con un perjuicio al fisco que superó los 6 mil millones de pesos, lo que representa un aumento de 257.9% respecto al año anterior.
Además, en un informe reciente del SAT, se reveló que entre 2020 y 2023, 732 personas fueron denunciadas por delitos como el contrabando, incluyendo a funcionarios públicos. Aproximadamente 18 de cada 100 acusados por el SAT están relacionados con el contrabando.
Entre los productos que se ingresan de manera ilegal a México se encuentran combustibles, medicamentos, cigarrillos, ropa, zapatos y dispositivos electrónicos, lo que pone en riesgo tanto la seguridad pública como la economía nacional. La reforma busca atacar estas problemáticas al ampliar las facultades de las autoridades para prevenir y sancionar a los responsables de estos delitos.
La implementación de la PPO es un paso importante para mejorar la seguridad jurídica en México y dar herramientas adicionales a las autoridades para enfrentar el crimen organizado, el contrabando y la defraudación fiscal, que afectan gravemente tanto a las instituciones como a los ciudadanos. Con esta reforma, se busca un México más seguro, justo y libre de corrupción.
