Agencias
México.- Una jueza federal ha dictado auto de formal prisión contra ocho elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) de tener vínculos con el grupo criminal Guerreros Unidos, implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Los militares enfrentan cargos por delincuencia organizada y permanecerán en el Campo Militar Número 1 mientras transcurre su proceso legal. Sin embargo, los abogados defensores argumentan la falta de credibilidad en las pruebas presentadas, las cuales se basan en testimonios de testigos protegidos.
La nueva causa penal contra los militares se fundamenta en los testimonios de ‘Carla’ y ‘Neto’, delincuentes confesos que participaron en la desaparición de los normalistas y que aseguran que los soldados podrían haber recibido pagos por brindar protección al grupo criminal. Los abogados defensores denuncian que estos testigos fueron considerados mentirosos y manipuladores, y cuestionan la autenticidad de las pruebas digitales presentadas, como los mensajes de WhatsApp proporcionados por uno de los testigos. Además, señalan que los testigos han cambiado sus declaraciones en múltiples ocasiones, lo que pone en duda su credibilidad y la veracidad de sus afirmaciones.
Ante esta situación, los abogados exigen la liberación de sus defendidos y califican el caso como una “persecución política”. Critican la inconsistencia de las pruebas presentadas y destacan las declaraciones previas de autoridades como el ex subsecretario Alejandro Encinas, quien reconoció que los chats de WhatsApp no podían ser verificados como auténticos. Enfatizan que los testigos han modificado sus testimonios a lo largo del tiempo y cuestionan la validez de las pruebas presentadas contra los militares acusados.
