Hugo Buentello Carbonell, exsubdirector de operaciones en Liconsa, fue detenido el pasado viernes 11 de abril por su presunta participación en el escandaloso caso de corrupción relacionado con Segalmex. La detención se llevó a cabo después de que Buentello fuera ubicado en las inmediaciones de la embajada de Estados Unidos en México, según documentó Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a Buentello Carbonell por su posible vinculación con el delito de delincuencia organizada debido a su rol en la firma de contratos fraudulentos durante su tiempo en Liconsa. Entre los documentos que lo comprometen se encuentran acuerdos para la compra de miles de litros de leche que nunca fueron entregados, lo que originó un grave daño al erario público.
El caso de los contratos fraudulentos
De acuerdo con las investigaciones de MCCI, Buentello Carbonell firmó un contrato con la empresa multinacional ILAS México, involucrada en un esquema de lavado de dinero relacionado con el envío de alimentos a Venezuela en 2019. En ese entonces, Liconsa asignó a ILAS un contrato por 320 millones de pesos, cifra que fue modificada en febrero de 2020 con la aprobación del exfuncionario.
Además, Buentello Carbonell fue responsable de supervisar otro contrato, este con Grupo Vicente Suárez 73 SA de CV, para la adquisición de 50 mil bolsas de leche en polvo por un monto de 86 millones de pesos. Sin embargo, a pesar de su responsabilidad en la supervisión, las bolsas de leche nunca llegaron a las instalaciones de Liconsa, como debería haber sido el caso para su distribución a las tiendas comunitarias y rurales del país.
Un informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló que Grupo Vicente Suárez subcontrató todos los servicios relacionados con el contrato, sin que Liconsa recibiera los productos comprometidos.
Fraude en Segalmex y la pérdida de 2,700 millones de pesos
Este caso forma parte de un fraude más amplio en Segalmex, que fue reconocido por el gobierno federal durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador. En septiembre de 2024, se reveló que el daño patrimonial generado por las irregularidades en Segalmex ascendió a 2,700 millones de pesos, tras una fiscalización exhaustiva.
Aunque una parte del dinero fue recuperada, 2,100 millones de pesos continúan en análisis, mientras que el monto total de recursos desviados a través de bonos bursátiles alcanzó los 955 millones de pesos. En total, se han presentado 156 denuncias penales, de las cuales se han emitido 47 órdenes de aprehensión, vinculando a varios exservidores públicos y particulares.
Este escándalo pone de manifiesto la gravedad de la corrupción dentro de los organismos encargados de la seguridad alimentaria en México, mientras las autoridades continúan investigando los implicados en estos delitos, que incluyen desde delincuencia organizada hasta lavado de dinero y peculado.
