Córdoba.- En los últimos 43 meses, 200 jueces han sido sancionados tras haberse comprobado su participación en un acto de corrupción, hasta el momento sólo uno ha sido recluido en alguno de los penales de seguridad del Estado.
El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Alberto Sosa Hernández entrevistado previo a su participación en la reunión del grupo “Coordinación Veracruz” que encabezó ayer el gobernador, Javier Duarte de Ochoa, afirmó que estos jueces fueron sancionados una vez que se contó con los elementos de convicción necesarios para poder realizar la sanción.
Mencionó que aún cuando se presentan las denuncias ciudadanas se sigue el trámite de investigación, porque el tribunal necesita desahogar todas y cada una de las pruebas que existan para corroborar si hay o no corrupción.
Una vez que se determina la participación del juez en actos de corrupción, el Tribunal decide aplicar desde una amonestación hasta cárcel.
De las averiguaciones iniciadas por lo menos uno ha sido encarcelado y otros cuatro más están en el proceso de investigación, sin que hasta el momento se hayan detectado nexos con el narcotráfico.
“Son investigados por múltiples motivos, si hay investigación se llega a una sanción y si hay alguna cuestión de violación a la ley tenemos la obligación de denunciar ante el ministerio público para que se realice la investigación”, explicó el magistrado.
Sin abundar en detalles insistió el tema de los jueces señalados como corruptos es un asunto complicado, ya que se tienen que ver las dos partes en conflicto, pero principalmente el contar con las pruebas fehacientes para demostrar la validez de los señalamientos.
Así también señaló que hasta el momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no ha emitido ningún criterio sobre la posibilidad de dar derechos a las “amantes” a exigir pensión alimenticia, ya que el criterio que se ha emitido es de un tribunal colegiado y en algunos lugares algunos los jueces lo tomarán como obligatorio por ser una razón a criterio del tribunal colegiado, más no porque sea obligatorio.
Yessica Martínez Arguelles
El Buen Tono
