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Desvíos y corrupción en el centro de la controversia política

Superiberia

En una reciente conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió su propuesta de eliminar el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), argumentando que, lejos de contribuir al combate a la corrupción, el organismo ha permitido la ocurrencia de malas prácticas dentro de su propia estructura.

Sheinbaum señaló que el INAI, que fue creado para garantizar la transparencia y evitar la corrupción, se ha visto envuelto en cuestionamientos sobre el manejo de sus propios recursos. “¿Vamos a crear otro organismo autónomo que revise que no hay corrupción y transparencia? Pues no”, declaró, enfatizando que si el INAI no ha logrado cumplir su misión de vigilar la transparencia dentro de sus propias operaciones, su existencia debe ser reevaluada.

El debate surge en un contexto donde la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha documentado irregularidades en el INAI desde su creación en 2016. Según la ASF, la última auditoría forense realizada al presupuesto del INAI en 2022 detectó anomalías en pagos por servicios de paquetería, limpieza y honorarios profesionales, sumando un total de 1.5 millones de pesos no comprobados. Aunque estas irregularidades corresponden al 0.15% de los recursos auditados, el INAI aún tiene tiempo para subsanar los problemas detectados.

Además, las críticas sobre el INAI se producen en medio de un panorama más amplio de irregularidades en otros organismos públicos. La ASF también ha identificado anomalías mucho mayores en otros institutos, como el INSABI, que registra irregularidades por casi 9,800 millones de pesos, o el INDEP, con más de 127 millones en irregularidades, cifras que superan por mucho las observadas en el INAI.

De acuerdo con una tabla compartida por el periodista Enrique Hernández Alcázar (@EnriqueEnVivo) en X (antes Twitter), las irregularidades observadas en otros organismos públicos, como el FONATUR (con 256 millones de pesos en anomalías) o el Instituto Nacional de Migración (567 millones de pesos), reflejan el alcance de los problemas en varias dependencias federales. Las observaciones sobre el INAI no alcanzan las magnitudes de otros casos de corrupción, pero resaltan la necesidad de un análisis más profundo sobre la efectividad de los organismos encargados de velar por la transparencia y el buen uso de los recursos públicos.

A medida que avanzan las auditorías a nivel federal y las observaciones continúan, se espera que el debate sobre la eliminación del INAI siga siendo un tema clave en la agenda pública.

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