AGENCIA
Nacional.- El despido de 390 peritos valuadores por parte de Monte de Piedad ha generado controversia, siendo calificado como una represalia por parte de la empresa tras una huelga realizada meses atrás para defender su contrato colectivo de trabajo.
Margarito Romero, uno de los afectados, denunció que los derechos de los trabajadores han sido vulnerados, destacando que el contrato colectivo sigue vigente. “El antecedente es que hubo un conflicto cuando quisieron terminar el contrato colectivo, pero no se logró gracias a la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría del Trabajo, y el secretario general del sindicato. Se llegó a un convenio donde se conserva ese contrato colectivo, que define nuestras funciones y actividades. Yo tengo 23 años de antigüedad y 15 años como perito valuador; lo que hicieron conmigo fue un despido injustificado. Ofrecían recontratar con los mínimos de ley, pero nosotros no aceptamos esas condiciones”, expresó.
Francisco Azuceno Meléndez, con 50 años de servicio en Monte de Piedad, 43 de ellos como perito valuador, también condenó el despido masivo. Durante una protesta pacífica frente a las instalaciones de la empresa en Poniente 7, exigió junto a otros compañeros su reinstalación. “Aquí entramos desde mocitos, aquí nadie nos regala nada y lo tenemos que ganar. Yo sigo siendo valuador en Orizaba; fueron afectados dos de mis compañeros y uno fue recontratado, pero sin prestaciones de ley. Lo que queremos es nuestra reinstalación; son derechos que tenemos de años”, manifestó.
Azuceno Meléndez recordó que el 13 de julio fueron citados a una junta de trabajo en cuatro sedes, donde les mostraron un video que, según él, sugería que serían liquidados, jubilados o recontratados sin derechos. “Esto es una violación a los derechos de los trabajadores”, concluyó.