Qué se sentirá ser miembro de un órgano regulador que no cumple con su cometido? Qué se sentirá abdicar en vez de actuar? Cuál será la explicación con la que viven los miembros de la Comisión Federal de Competencia y la Comisión Federal de Telecomunicaciones? ¿Cómo se justifican a sí mismos ante la incapacidad -a lo largo de todo un sexenio- para regular la televisión abierta? Porque el gobierno de Felipe Calderón termina sin haber licitado una tercera cadena de televisión. Sin haber promovido la competencia indispensable. Sin haber instrumentado la regulación necesaria. De allí las dudas legítimas sobre la capacidad, la imparcialidad y el profesionalismo de los órganos reguladores en este sector. Más que regular, parecería que las dos entidades se han ocupado de claudicar.
El sexenio acaba y ni la Cofetel ni la Cofeco cumplirán su acuerdo para licitar nuevas frecuencias de televisión digital abierta. Y como lo señala la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), esta omisión no puede considerarse fortuita. Ingenua. Accidental. No es resultado ni de criterios técnicos ni de argumentos económicos. Más bien la omisión revela cómo la política mata la regulación. Cómo los intereses de la televisión prevalecen sobre los intereses de la población. Cómo Televisa y Televisión Azteca logran capturar a los órganos regulatorios y ponerlos a su servicio. Ganando tiempo. Postergando decisiones. Consolidando el duopolio. Incrementando su influencia.
Felipe Calderón se va a Harvard dejando los poderes fácticos en la televisión peor de lo que los encontró. Su gobierno permitió que los dos únicos competidores se aliaran y fortalecieran sus intereses corporativos. Calderón se va como el presidente que más prebendas otorgó; como el mandatario que más privilegios consagró. Y ello en contradicción con la Declaración de Principios del propio PAN que proclama airosamente: “El Estado debe regular los mercados para que los agentes económicos concurran a ellos y compitan en condiciones de equidad, y para evitar que el más fuerte imponga condiciones que terminen por destruir la competencia misma”.
Pero las condiciones de equidad no se han promovido. Los imperativos de la competencia no se han impulsado. Al revés. El gobierno permitió la insólita alianza entre Televisa y Televisión Azteca, condicionándola a un acuerdo en el cual la Cofeco, la Cofetel y la Secretaría de Hacienda se comprometieron a publicar las bases y la convocatoria para licitar nuevas señales de televisión antes del 30 de noviembre del 2012. La fecha pasó y nada ocurrió. Y ello revela el error procesal en el cual se incurrió: lo correcto hubiera sido abrir a la competencia primero y permitir la fusión después. Ahora la fusión se ha dado, pero la licitación no. El incumplimiento del acuerdo institucional es criticable, inaceptable y revelador. Evidencia a un gobierno incapaz de cumplir los objetivos que desde hace años prometió. Desnuda a un gobierno doblegado y opaco.
Nadie sabe cúales han sido los pasos de diseño de las bases de licitación. Ninguno de sus elementos han sido sometidos al escrutinio y a la discusión pública. Ninguno de sus criterios ha sido evaluado de manera abierta y transparente. De allí la importancia de empujar un llamado a la Cofetel para que haga públicos todos los estudios económicos y jurídicos relacionados con el mercado de la televisión abierta, la licitación de frecuencias y la transición a la Televisión Digital terrestre. Ocultar información sólo incrementa la sospecha; deliberar a espaldas de la sociedad sólo confirma cúanto se le desprecia.
Peor aún. Apenas el 14 de noviembre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dio a conocer los resultados de una licitación en la cual resultaron ganadores filiales de TV Azteca y Televisa para ofrecer servicios de banda ancha en 38 de 40 localidades, a pesar de que dichas empresas son socias. Las dos restantes fueron adjudicadas a Telmex. Y la Cofeco guardó silencio. No se pronunció. No objetó una decisión que incrementa la concentración en lugar de evitarla. No intervino para asegurar la competencia, sino que permitió una transacción que la inhibe.
El juicio es severo y debería serlo: la Cofeco y la Cofetel han fracasado. Y las razones del fracaso son producto de la captura, la complicidad, la debilidad. Órganos fragmentados y pusilánimes han permitido el fortalecimiento del duopolio y su institucionalización. De allí la demanda -enarbolada por la AMEDI- de una restructuración profunda de ambas instituciones para asegurar una independencia que hoy no tienen. De allí el imperativo de obligarlas a que antepongan el interés público a los intereses particulares. De allí la exigencia urgente de reformar la ley de radio y televisión y de proponer un rediseño institucional sectorial. De allí el llamado al gobierno entrante de Enrique Peña Nieto a que demuestre independencia política de la pantalla que lo llevó al poder.
Es cierto. La licitación de nuevas cadenas de televisión no es la panacea. No va a resolver de golpe los problemas -políticos y económicos- que produce la acentuada concentración de la propiedad mediática. Pero constituiría un primer paso en la dirección correcta. El Estado no puede ni debe renunciar a la responsabilidad de combatir los monopolios y las prácticas competitivas. El Estado no debe abdicar a la obligación de fomentar la competencia en telecomunicaciones que tantos beneficios traería consigo a la población. Enrique Peña Nieto no podrá tener un gobierno eficaz si evita controlar a los supra-poderes que intentarán controlarlo a él. Si en lugar de regular a Televisa y a Televisión Azteca ofrece un gobierno a la medida de sus intereses. Si en vez de gobernar el país, gobierna para los dueños de la pantalla.
