A once años de implementar la llamada “Interrupción Legal del Embarazo (ILE)” en la Ciudad de México, especialistas en la materia y el Centro de Estudios y Formación Integral para la Mujer (CEFIM) aseguraron que está política pública evidencia laincapacidad de las autoridades gubernamentales para resolver problemas de fondo, ya que no redujo la mortalidad materna y tampoco acabó con la clandestinidad, como inicialmente plantearon sus promotores.
