MÉXICO.- El pasado viernes, a raíz de una investigación de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la oficina de Inteligencia de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), las autoridades mexicanas, salvadoreñas y guatemaltecas desmantelaron una red de tráfico de personas que ingresaba cada semana “centenares de individuos” a Estados Unidos a través de Texas.
De acuerdo con la ICE, la HSI se enteró en junio de 2014 de la existencia de esta red de tráfico a raíz de una llamada telefónica.
“Subsecuentemente, investigaciones conducidas por las oficinas del HSI en El Salvador, Guatemala y México, en cercana cooperación con las procuradurías (de esos países) llevaron a las detenciones de ese viernes”, planteó la ICE.
La Operación Lucero desembocó en la detención de 36 personas –17 en El Salvador, 7 en Guatemala y 12 en México–, así como la emisión de 56 órdenes de aprensión; el cateo de 22 propiedades y cuatro cuentas bancarias, así como de 22 vehículos y 11 barcos.
“Enviamos un mensaje claro a los traficantes de humanos, que cruzar fronteras no les protegerán del largo brazo de la justicia”, declaró la directora del ICE, Sarah Saldaña.
En México, la Procuraduría General de la República (PGR), informó ayer que “para el traslado de los migrantes, el grupo criminal utiliza rutas marítimas en el Pacífico mexicano; arriban a Salina Cruz, Oaxaca, principalmente, para posteriormente dirigirse vía terrestre a varios estados de la República, con destino a la frontera Norte de México”.
En julio de 2014, el Gobierno mexicano implementó el Programa Frontera Sur en México bajo la presión del administración estadounidense, entonces confrontado a la llegada a su territorio de miles de menores de edad no acompañados.
A raíz de la puesta en marcha de este programa se disparó el número de detenciones de migrantes en tránsito por México: entre enero de mayo de 2014 y el mismo período de este año, el incremento fue de 91 por ciento, hasta alcanzar 75 mil 646 detenciones en los primeros cinco meses del año en curso.
Las organizaciones y activistas defensores de derechos humanos repiten que el endurecimiento de los controles fronterizos en México no frena la salida de miles de centroamericanos de sus países, sino les obliga a transitar por rutas más peligrosas o a cruzar el país mediante los servicios de traficantes de personas.
