Aún cuando muchos aseguren que sólo fue un “show” mediático para distraer la atención pública de otros problemas que aquejan al País, la suspensión temporal de los derechos partidistas que la Comisión de Justicia Partidaria del PRI dictaminó contra el gobernante en turno, Javier Duarte y seis de sus allegados, es un hito en la historia de Veracruz. Nunca antes un gobernador en funciones había sido tratado de esa manera.
El retiro temporal de sus derechos como militante es la ruta hacia la expulsión definitiva del instituto político y sobre todo, una orden para que las grandes influencias del partido –corrientes políticas y personalidades con peso al interior del mismo- no lo defiendan cuando el aparato judicial se cierna sobre él. Es, por supuesto, un castigo político y la terca memoria debe rescatarse para tener una lectura integral del caso.
El ultimo personaje relevante de Veracruz que había sido escarmentado por el sistema priista fue el cordobés Dante Delgado Rannauro, aunque no fue expulsado del tricolor ya que él mismo renunció a ese partido para fundar Convergencia por la Democracia –hoy Partido Movimiento Ciudadano (PMC). Además, Delgado ya era exgobernador cuando fue detenido el 17 de diciembre de 1997, casi cinco años después de concluido su cuatrienio, que fue de 1988 a 1992.
Delgado Rannauro estuvo preso en el penal de Pacho Viejo durante cuatro meses –fue liberado el 4 de abril de 1998- acusado de los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito e incumplimiento de deberes legales –vaya, los mismos que se le imputan a Duarte de Ochoa- y su prisión fue el correctivo ordenado por el presidente Ernesto Zedillo. Pese a que el cordobés formó parte de la nomenclatura priista, no hubo nadie quien metiera las manos por él, ni siquiera su padrino político, Fernando Gutiérrez Barrios, a quien sustituyó en la Gubernatura en 1988, cuando fue llamado a la Secretaría de Gobernación por Carlos Salinas de Gortari.
Otra coincidencia es que en el tiempo en que Dante Delgado fue encarcelado –por un proceso judicial abierto a nivel local, es decir, por la Procuraduría de Justicia del Estado- quien gobernaba Veracruz era Patricio Chirinos Calero y su secretario de Gobierno era Miguel Ángel Yunes Linares, hoy Gobernador electo, quien era considerado como el gobernante de facto en ese sexenio. Así, a veinte años de distancia, Yunes Linares podría pasar a la historia como el que encarceló a dos exgobernadores si, es que la Federación no detiene antes al cordobés todavía en funciones.
Claro, Dante Delgado salió de prisión por los amparos judiciales que evidenciaron el entramado para castigarlo políticamente. Salió de la cárcel fortalecido, erigido como mártir, lo que le dio impulso a él y a su nuevo partido político, al grado que en los comicios siguientes, en el 2004, fue candidato a la gubernatura y la elección fue de tercios, es decir, disputó realmente el triunfo a sus contrincantes, el entonces panista Gerardo Buganza y el innombrable que se agenció la silla estatal a través de un fraude escandaloso.
HASTA AL PARTIDO ROBARON
De Duarte no se espera que sea candidato a nada, ni que el proceso judicial que se le aplica lo vaya a convertir en un hombre popular, aún cuando sea también un castigo político. De la misma forma hay que comparar el caso del actual gobernante veracruzano con el de Roberto Madrazo, gobernador de Tabasco, quien en 1995 se enfrentó al presidente Zedillo –igual de débil que Enrique Peña Nieto- cuando éste le ordenó renunciar al cargo en base a un acuerdo con la dirigencia nacional del PRD, operado por su secretario de Gobernación, Esteban Moctezuma, para que se liberara el Palacio de Gobierno, la Quinta Grijalva y el Congreso Local, bloqueados por las acusaciones de un fraude electoral.
A Madrazo Pintado lo abandonó la dirigencia nacional del tricolor encabezada por María de los Ángeles Moreno y era inminente su destitución, pero se mantuvo en el Gobierno tabasqueño gracias al respaldo de uno de los grupos políticos más fuertes del priismo, el de Atlacomulco que presidía el profesor Carlos Hank González. Ambos, Madrazo y el Grupo Atlacomulco, desafiaron a Zedilllo y lo doblegaron. De ese tamaño era el peso de la corriente que apadrinaba Hank González.
Hoy Duarte de Ochoa y los otros castigados no tienen asidero. Ningún grupo político los resguarda y su único resguardo es la fama destartalada del innombrable, que en Barcelona está agazapado, escondido, esperando que la vorágine no lo alcance aunque se ahoguen sus pupilos. Entonces, en la ortodoxia priista se lee que Javier Duarte y la fidelidad están en el desamparo, en la orfandad política y que nadie aboga por ellos ahora que caminan hacia el matadero.
Por cierto y para el anecdotario, dos de los exsecretarios estatales, cuyos derechos partidistas también fueron suspendidos, pretendieron ser candidatos a cargo de elección popular en la zona Centro, para alcanzar fuero constitucional y librar la persecución judicial que ya se avecinaba. El exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, originario del Distrito Federal siempre quiso ser abanderado a la Diputación Federal o Local por el Distrito de Córdoba, mientras que el tamaulipeco, Gabriel Deantes, intentó serlo por el distrito de Zongolica.
También en su momento ambos tuvieron a cargo la ‘operación’ electoral en la zona Centro de la Entidad –en municipios como Córdoba, Orizaba, Fortín de las Flores y otros- donde el tricolor registró fracasos significativos. Fueron cientos de millones de pesos que desde las arcas públicas se destinaron para esas campañas en la región, pero los resultados fueron desastrosos y la leyenda urbana cuenta que ese dinero terminó en las casas lujosas en el condado de Woodland, Texas. ¿Cómo no los van a castigar si le robaron al propio partido, donde son expertos en latrocinios?
Finalmente, tras varias horas de silencio, el gobernante en turno, Javier Duarte respondió a la suspensión de sus derechos partidistas con un discurso que dio ayer en Xalapa. Dijo que “a las grillas (sic), los dimes y diretes, nosotros respondemos con trabajo, con resultados”, y agregó que lo demás “se queda en el anecdotario”. ¿Cómo evaluar eso? ¿una burla a los líderes del todavía su partido –no está expulsado totalmente?, ¿un desafío al Gobierno de Peña Nieto? ¿una baladronada al cuarto para las doce? o, ¿simplemente una disociación con la realidad? La negación como consuelo ante lo inminente. Vaya, un caso para la araña panteonera.
RÍO REVUELTO
Mientras el escándalo político-priista sacude el morbo, la Entidad está sin Gobierno y en caos. Ayer, el Estado fue colapsado por bloqueos carreteros que hicieron maestros afiliados al Sindicato Unificador de los Trabajadores al Servicio del Estado y del Magisterio (Sutsem), quienes reclaman el pago de su salario, prestaciones laborales y la entrega de adeudos por concepto de compensación anual y apoyo a la carrera magisterial, y que la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) se niega a entregar.
Fue una jornada caótica, la segunda consecutiva, porque desde el lunes, se iniciaron las movilizaciones, y la afectación a la ciudadanía fue palpable. ¿Por qué un sindicato de mediana influencia como el Sutsem logró poner de cabeza a la Entidad? Porque no hay autoridad vigente, ni diálogo ni operación política. Todos pueden hacer lo que quieran porque nadie responde, nadie conduce, nadie dialoga, nadie hace nada.
Los acuerdos con las secretarías de Gobierno y Educación, llegaron hasta la tarde de ayer, después de muchas horas de bloqueos y caos vehicular, pero no fueron más que pactos de saliva para salir del apuro. Los hicieron, obvio, con las cúpulas dirigentes, pero la mayoría de los maestros desconfía de esas promesas y quieren seguir con la toma de plazas, carreteras, calles y otros espacios públicos, hasta que no se liquide todo el dinero pendiente. Ya no confían en los que siempre prometen y se burlan de ellos.
El eterno líder del Sutsem, Ricardo Diz Herlindo, aceptó liberar las vialidades a cambio de una promesa de pago al final del mes, pero nadie le cree. Y a la protesta magisterial se sumará en breve la de los jubilados del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), quienes también cada fin de mes tienen que salir a las calles a reclamar su dinero mensual. En resumen, el caos es el que gobierna Veracruz.
Y al tener una autoridad inexistente, como ya se dijo, todos hacen lo que quieren. Por ejemplo, los concesionarios del transporte urbano elevaron el precio del boleto para estudiantes y jubilados a voluntad, sin tener autorización de las instancias pertinentes. Lo que hicieron encaja con el refrán de que “a río revuelto, ganancia de pescadores”. La exigencia de los empresarios para revisar las tarifas de pasaje tal vez es justa, pero el error fue abalanzarse aprovechando la anarquía que hay en Veracruz.
Todo esto sin contar con la barahúnda generada por el crimen organizado en todo el territorio Estatal, que no da tregua a los veracruzanos. Las estadísticas muestran un promedio de seis asesinatos diarios, cuatro secuestros y un sinnúmero de robos a mano armada, extorsiones y amenazas. Ayer mismo fue plagiado el hijo del exalcalde de Tuxpan y exsecretario estatal de Turismo, Francisco Folgueras Gordillo y sus captores exigen una suma millonaria como rescate. Es decir, la delincuencia campea como ama y señora, por todo el Estado.
