El Instituto Federal de Telecomunicaciones en sus resoluciones del 9 de marzo pasado tuvo aciertos y omisiones, pero sobre todo decidió dejar en manos del Congreso y de las leyes secundarias algunos aspectos centrales de la Reforma de Telecomunicaciones, sobre todo en aspectos relacionados con las consecuencias de la preponderancia y con el costo de las interconexiones.
Decíamos aquí el 11 de marzo que las resoluciones beneficiaban más a la empresa de Carlos Slim que a la de Azcárraga, a Telcel y sus socios, que a Televisa, a pesar de que ambas, en sus respectivos terrenos, habían sido declaradas preponderantes. Era sencillo: mientras que para las televisoras las medidas eran muy estrictas y vinculantes, para las telecomunicaciones eran laxas y en buena medida interpretativas.
La carencia más importante era la que se conoce popularmente como la de la última milla y que técnicamente se denomina como el tráfico on net y off net, que no es otra cosa que los costos de la interconexión que hacen otras empresas vía las redes de Telmex y Telcel, y se resume en algo muy sencillo: cuánto se cobra, si es que se cobra, a otras empresas por utilizar la red de la empresa que tiene más de 80% del mercado y controla para sí misma esas redes. Para cualquier competidor, es imposible acceder en términos competitivos a esa red, porque los costos se disparan inmediatamente. El IFT dejó ese tema abierto.
Pues bien, entre los muchos méritos de la iniciativa de las leyes secundarias en el sector que ya están en el Congreso, está el haber subsanado esas carencias. Un punto es clave: le impone una tarifa de interconexión cero a Telcel que hará efectiva la competencia. La tarifa de interconexión es el mecanismo que ha impedido a todos sus competidores crecer y hace una diferencia enorme a la hora de aplicar tarifas. Es imposible superar ese escollo porque, por un mismo servicio, siempre la empresa preponderante puede cobrar menos que sus competidores. Ya no será así, tampoco podrá discriminar entre las llamadas producidas dentro de su red y las que provienen o salen de otra red y, además, se logrará que el roaming, o sea las llamadas de larga distancia, sean, dentro de tres años, sin costo adicional. Hoy no hay razón alguna para que una llamada a otro destino nacional sea más cara que una llamada local.
Se puede argumentar, lo ha hecho la empresa de Carlos Slim, que esa red fue comprada en su momento por Telmex. Es verdad, pero 20 años después esos costos se han más que amortizado, han generado ganancias brutales para esa operadora y mantener el monopolio en ellas castiga la competitividad y por ende los costos para la gente y las empresas.
Ninguna de las empresas declaradas como preponderantes deberá desincorporar activos, o sea, deshacerse de parte de las mismas para hacer más competitivo el mercado, como ocurrió en su momento, por ejemplo, con la principal empresa telefónica de Estados Unidos, que se tuvo que dividir en cinco empresas, o como se sancionó al Grupo Clarín en Argentina, para que se dividiera también en varias empresas diferentes y desincorporar alguna de sus partes.
Pero sí inciden las leyes secundarias en temas capitales: obliga a Telmex, Telcel y Televisa a competir con mejores precios y servicios; las dos nuevas cadenas de televisión podrán utilizar capacidad instalada de Televisa para su transmisión; la tarifa cero de interconexión coloca la mesa para la competencia en el sector (y detona la posibilidad de grandes inversiones de quienes quieran ser competidores reales); elimina las exclusividades de eventos relevantes para Televisa y de ciertos equipos móviles para Telcel.
Al mismo tiempo, el IFT tiene ya un marco bastante estricto para cumplir con las leyes, desde las causas de responsabilidad y remoción de funcionarios, hasta las normas para evitar negociaciones al margen de la ley. Y el propio Ejecutivo le puede solicitar tiempos específicos para resolver temas relevantes.
Queda el tema de los contenidos. La iniciativa diferencia programas de opinión y los de información. En realidad, esa frontera es cada día menos clara en los medios de comunicación nacionales e internacionales. Casi no existe como tal, es virtual y subjetiva. El único punto claro en este aspecto es que se puede informar y opinar como se considere conveniente, lo único que no se pueden alterar son los hechos, con base en ellos, en datos duros, no debería haber margen para la interpretación, sea de Gobernación o del IFT.
Son aspectos que tendrán que revisarse en el futuro. Pero las leyes secundarias son positivas para la gente y para el mercado, para las inversiones y para los consumidores, y deben salir adelante… aunque algunos dirigentes partidarios, ignorando a sus legisladores, las hayan desechado apenas unas horas después de su presentación y sin siquiera haberlas leído.
