Hace poco desapareció una persona que conocía. Días después, encontraron su cadáver; lo habían asesinado. En el funeral, con la intención de confortar a su madre, varias personas le dijeron que por lo menos habían encontrado el cuerpo. A lo que hemos llegado. Pensar que puede haber algo peor que un hijo ultimado: un hijo desaparecido.
Algo de razón hay en este argumento. La desaparición es efectivamente un golpe más cruel que el asesinato. Las familias viven con la permanente esperanza de encontrar a su pariente. Conforme pasa el tiempo, es cada vez más evidente que está muerto. Pero no tienen 100 por ciento de certeza que así es porque no hay un cuerpo que enterrar y llorar. No puedo pensar en algo más violento y, por tanto, insufrible para las familias.
En México, nos estamos acercando a la terrible cifra de cien mil desaparecidos. Cien mil. Por todos lados de la República aparecen carteles y letreros de gente buscando a sus familiares. Agradecen cualquier información que pueda darse sobre el paradero de Fulanita o Zutanito. Publican las fotos de esas mujeres, hombres y hasta niños que se han esfumado como por arte de magia.
Del otro lado, están las fosas clandestinas que cotidianamente se encuentran en México. Un reportaje de Alejandra Guillén, Mago Torres y Marcela Turati de 2018 informa que, entre 2006 y 2016, se encontraron “mil 978 entierros clandestinos en 24 estados del país”. Ahí se recuperaron “2 mil 884 cuerpos, 324 cráneos, 217 osamentas, 799 restos óseos y miles de restos y fragmentos de huesos que corresponden a un número aún no determinado de individuos”. De todos estos restos “sólo mil 738 de las víctimas han sido identificadas”. Los cuatro municipios con mayor número de fosas clandestinas son Veracruz, San Fernando, Ciudad Juárez y Acapulco.
El reportaje citado arriba da cuenta del horror de estas inhumaciones multitudinarias y clandestinas. Ejemplo: “Hay ropa de bebés en las fosas de Veracruz; familiares identifican hasta mamelucos y trajecitos o pantaloncitos, gorritos y sudaderas”.
La crisis de los desaparecidos se ha agudizado durante el gobierno de López Obrador. Las cifras siguen creciendo a un ritmo más acelerado. Sin embargo, este problema no es una prioridad para la administración actual. La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, institución del Estado encargada de resolver el asunto, tiene un presupuesto ínfimo para el tamaño del reto que enfrenta. Este año ejercerá 720 millones de pesos. Para el que entra, se lo subieron a 747 millones. Nada.
En varios estados de la República se han organizado colectivos de la sociedad civil de familiares de desaparecidos. Con toda razón, se quejan del poco apoyo que reciben de los gobiernos federal, estatales y municipales. De acuerdo con Antonia Urrejola del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, “hay más de 90 mil familias con personas desaparecidas y más de 52 mil cuerpos que tiene el Estado”. Claramente hay un rezago enorme en la implementación del llamado Mecanismo de Identificación Forense.
Colectivos de desaparecidos de Guanajuato protestaron a las afueras del Palacio Nacional. Bibiana Mendoza, hermana de un joven desaparecido hace cuatro años, dijo: “En Guanajuato no hemos visto ninguna medida más que la militarización y lo único que se ha logrado con esto es que haya más desaparecidos por Guardia Nacional y Sedena”. En fin, que en estas vacaciones decembrinas tenemos que pensar que hay miles de familias que no podrán celebrar alegremente porque tienen uno o más desaparecidos. Padres y madres que siguen preguntándose qué pasó con sus hijos. Como dice uno de ellos: “A veces siento que mi hijo puede estar vivo. Y a veces me hago a la idea de que ya no, pero sigo teniendo la esperanza”.
(TOMADA DE EXCÉLSIOR)
