CANCÚN.- El Gobierno de Quintana Roo, “extinguió” la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo en la entidad (Utaip), acción que, de acuerdo con la administración estatal, se debe a que pasará a ser una Coordinación de la Secretaría de la Gestión Pública.
Así lo señala el Periódico Oficial del Estado con número 14 extraordinario 14 bis, del pasado 29 de julio, en el que que se suscribió el acuerdo para la extinción del órgano descentralizado que garantiza a los ciudadanos el acceso a la información pública.
De acuerdo con el Gobierno, la Unidad de Transparencia no desapareció, sino que pasó a la Secretaría de la Gestión Pública como una Coordinación, conforme a lo mandata la nueva Ley Federal de Transparencia, promulgada en 2015. Críticas por
“extinción”
La desaparición de la Unidad provocó cuestionamientos entre opositores, quienes señalaron que ésta podría afectar el proceso de transición tanto en ayuntamientos como en el poder Ejecutivo, pues dificultaría la posibilidad de conocer a detalle el destino de los recursos públicos.
Al respecto, la diputada federal perredista, Ivanova Pool, emitió un comunicado en el que destacó que la medida violenta la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el Artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ante ello, anunció que solicitará al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Inai) y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que presente los medios de impugnación necesarios para garantizar que en la entidad exista una rendición de cuentas y transparencia.
La legisladora no descartó que se trate de una medida más para “blindar” al ejecutivo estatal de cualquier acción judicial en su contra.
Hace unas semanas, el Congreso de Quintana Roo echó atrás una serie de medidas que formaban parte del paquete con el que -según expertos y opositores- el Gobernador pretendía protegerse de posibles investigaciones por presuntos casos de corrupción al término de su gestión, luego de que el gobierno federal anunció acciones de inconstitucionalidad al respecto.
