Xalapa.- Este miércoles, quedó confirmada la corrupción que impera en la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), a cargo del cordobés Gerardo Buganza, durante la comparecencia de éste en el Congreso local, debido a que no aparecen más de 2 mil millones de pesos que se invertirían en el túnel sumergido de Coatzacoalcos.
Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, diputado del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso local, afirmó que la comparecencia de Buganza Salmerón confirma el fraude millonario de la obra del túnel, que inició hace casi tres administraciones y es fecha que no queda concluido, cuando el plazo pactado fue de tres años.
Según Guzmán Avilés, los diputados de Acción Nacional siempre han señalado el desvío de recursos de manera puntual en éste y otros casos, corrupción que se refleja en un déficit enorme que daña la economía de los veracruzanos.
“Ese juego de que yo hago que te construyo y tú me pagas es un juego perverso que se ha tenido y que repercute en la infraestructura, servicios y, sobre todo, en la población”, enfatizó el legislador albiazul.
El también Presidente de la Comisión de Comunicaciones del Congreso Estatal subrayó que la obra del Túnel Sumergido tenía un monto de 2 mil 066 millones de pesos como presupuesto inicial.
Destacó que a más de 10 años de impunidad y estancamiento de la obra, el presupuesto oscila en los 4 mil 912 millones de pesos, sin embargo, el actual gobierno del estado no ha podido contestar y comprobar dónde están más 2 mil millones de pesos, dinero que no aparece en las cuentas públicas del Gobierno estatal y que deberán responder por ello.
Guzmán Avilés dijo que el Grupo Legislativo del PAN espera que las autoridades estatales asuman su responsabilidad y presenten soluciones eficaces, e incluso se finquen responsabilidades para el actual titular de la SIOP y de los anteriores.
El túnel sumergido de Coatzacoalcos será concluido antes de que finalice la administración estatal para “que sea inagurado por el presidente Enrique Peña Nieto”; admitió que su costo se ha duplicado cuando en 2004 el recurso inicial pactado fue de 2 mil 65 millones de pesos y para el 2014 ya es de 4 mil millones 912 millones de pesos, fueron las interrogantes que respondió a diputados locales, el titular de la Secretaria de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), Gerardo Buganza Salmerón.
En la comparecencia pactada por la fracción legislativa del PRI, resaltó la ausencia del diputado local del PRI, Raúl Zarrabal Ferat, ex titular de la Secretaría de Comunicaciones (Secom), y quien enfrenta observaciones de 19 millones de pesos.
Entre aplausos de funcionarios de la SIOP, Buganza Salmerón dijo que se requieren por lo menos mil millones de pesos para concluir el túnel sumergido de Coatzacoalcos “ahí se estima que serán 600 millones de pesos detalles, los otros 400 millones de pesos están en el fideicomiso”.
Se comprometió a recuperar los recursos “porque esta obra desequilibró las finanzas del Estado”, por lo que ya existe las denuncias correspondientes contra quien resulte responsable.
“Estamos porque se inicie la averiguación correspondiente y se determinen los probables responsables y agotando el procedimiento de investigación ejercite la acción penal correspondiente contra quienes resulten responsables”, sin mencionar directamente al ex titular de la Secretaria de Comunicaciones, Raúl Zarrabal Ferat, actual diputado local del PRI.
Averigua el ministerio público
“El ministerio público ya inició la averiguación previa 130E/2013 que involucra particularmente al consorcio denominada Túnel de Coatzacoalcos Sociedad Anónima, “para realizar las acciones legales que resulten procedentes atendiendo el interés público con el propósito de que el túnel sumergido se regularice a la mayor brevedad posible”.
“YA se abrió la averiguación previa 130E/2013 en contra de las empresas mexicanas CAPSA, MATRIX, Obras Portuarias y Concesiones Viales y la empresa española FCC”.
Acusó que el consorcio empresarial Túnel Sumergido en los últimos diez años ha modificado dos veces y sin autorización el título de concesión.
No descartó la posibilidad de rescindir la concesión, aunque dijo que puede haber otras soluciones mejores.
La investigación iniciada por el Ministerio Público determinará quién o quiénes son probables responsables y agotando el procedimiento de investigación se ejercite la acción penal correspondiente y se repare el daño causado al erario público.
Fuente: Notiver
