Río Blanco.- Por órdenes de la alcaldesa Ángeles Martínez Martínez, policías municipales desalojaron ayer a 26 familias que habitaban en predios que abandonaron sus dueños en el fraccionamiento Jardines de San Buenaventura.
De acuerdo con versiones de los afectados, la funcionaria acompañada por un grupo de gendarmes, arribaron al lugar a las 11:30 horas e inmediatamente y sin mediar palabras, con violencia empezaron a quitar las lonas que utilizaban como techo, a sacar ropa y demás pertenencias que tenían dentro de las construcciones que se encuentran todavía en obra negra.
Por ello, la acusaron de abuso de autoridad porque no tiene ningún derecho para expulsarlos de los sitios que ocupaban, puesto que carecen ella y el Ayuntamiento de escrituras que los avalen como dueños del espacio en disputa.
Aseguraron que los verdaderos propietarios de esos terrenos, tienen muchos años que los abandonaron, y ellos al no tener dónde vivir, se posesionaron de los espacios desocupados.
Mencionaron que como carecen de empleo y, por consiguiente, de recursos económicos, se vieron en la necesidad de alojarse en esas construcciones que carecen de servicios públicos como luz, agua y drenaje, lo que los mantuvo viviendo en condiciones por demás precarias.
Piden un hogar “Lo único que pedimos es un lugar donde vivir, no queremos que nos lo regalen, simplemente que nos otorguen algunas facilidades para pagar poco a poco, y de esa manera darles un techo a nuestras familias”, expresaron los afectados en plena calle.
Precisaron que la Alcaldesa, por su falta de sensibilidad, no entiende que se trata de personas desempleadas, que carecen de dinero para pagar una renta y menos para comprar un terreno y construir una vivienda digna donde alojarse.
Mencionaron que Martínez Martínez ordenó y supervisó el desalojo porque tiene intereses económicos en los terrenos, “quiere instalar un negocio y se puso de acuerdo con el Presidente del fraccionamiento para venderlos, ya colocaron un letrero con el aviso que se trata de propiedad del Ayuntamiento”.
Expresaron que todo se deriva que los legítimos dueños tiene más de 15 años que se fueron del municipio y dejaron las casas sin terminar; por ello decidieron ocuparlas.