En lo que podría ser una decisión histórica, la próxima semana se estará discutiendo en el Senado la posible desaparición de Poderes en Michoacán. La propuesta viene del grupo parlamentario que encabeza Jorge Luis Preciado. No es una medida exagerada: es cierto que las llamas bajo las que está Michoacán no han podido controlarse. Porque no sólo es la violencia, es también la ambigüedad en las condiciones bajo las que se maneja el estado.
Las circunstancias en las que se ha mantenido Michoacán los últimos meses no han sido para menos: entre las varias licencias que solicitó su gobernador para atender motivos de salud, la llegada del interino, la aparición de grupos de autodefensa. A todo esto se suma hoy un nuevo escándalo: la reunión que integrantes de Los Templarios —que en un principio dijeron ser jornaleros— habrían sostenido en el Senado de la República, y de la que ya Raúl Cervantes, presidente de la Mesa Directiva de aquella Cámara, está pidiendo cuentas.
El desacomodo michoacano hasta ahora no ha encontrado ley ni autoridad que alcance a controlarlo. Michoacán es un estado que hoy vive bajo fuego y con el miedo que generan los grupos que se encuentran en constante enfrentamiento con las autoridades. Y no es condición nueva. Desde que se habló del michoacanazo ocurrido en 2009, a pesar de que se esfumaron los señalamientos —por falta de pruebas— que culpaban a algunos funcionarios del entonces gobierno estatal de tener nexos con el narcotráfico, las dudas sobre el alcance de la corrupción al interior de la casa de gobierno del estado no se han ido. Incluso sigue prófugo Julio César Godoy Toscano, el hermano del ex gobernador, quien con su huida confirmó que una larga cola tiene que esconder. Y ahora, la llegada de un gobernador con licencia por salud nada hizo en favor, sino todo lo contrario, para que el estado terminara de perder el rumbo en materia de seguridad. El sistema político estatal tambaleado por completo, sin la estabilidad necesaria para realizar siquiera una evaluación, ya ni hablar de la ejecución de una estrategia para el control.
La propuesta que se sabrá como una realidad la próxima semana —sólo si se logra una modificación constitucional— estaría obligando a que se arme una nueva estrategia de gobierno. Para eso se crearía una Junta Provisional de Gobierno para el estado y saldría el gobierno que encabeza Fausto Vallejo para que se genere esa tan necesaria nueva estrategia que alcance para que la autoridad recupere el control.
Actualmente, son 44 municipios los que se tienen tomadas las varias guardias comunitarias —activas bajo condiciones ambiguas, pues no se sabe, como reza el refrán, para quién trabajan—. Se cuentan más de dos mil muertes, producto de una ola de violencia que no cesa.
Michoacán ha mostrado todo el desacomodo que tiene en su territorio, y, como sucede siempre que las acciones no alcanzan, este es momento para un verdadero análisis, para otras opciones que generen certidumbre, confianza y, claro, que garanticen el regreso del control a manos de las autoridades michoacanas.
