AGENCIA
Veracruz, Ver.- El abogado penalista Jorge Reyes Peralta expuso un presunto esquema de corrupción que involucra a prestanombres, jueces, notarios públicos, peritos y funcionarios del Registro Público de la Propiedad de Veracruz, acusados de intentar despojar a la empresa Fincar Maz SA de CV de un terreno de 12 hectáreas ubicado en el Arco Sur de Xalapa.
Reyes Peralta informó que presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra los notarios públicos Miguel Ángel Díaz Pedroza y Miguel Ángel Rodríguez Domínguez; la encargada del Registro Público de la Propiedad de Xalapa, Déborah Estrada Pacheco; y los operadores financieros José Alberto Pérez Fuentes y Manuel López Nava, además de la supuesta prestanombres Martha Leticia Toral Zayas. Este grupo fue señalado como “el cártel inmobiliario de Veracruz” por su presunta confabulación para apropiarse de este predio, valuado en 200 millones de pesos.
El abogado relató que, en 2022, Martha Leticia Toral Zayas promovió un juicio ordinario civil (319/2022) en el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Xalapa, alegando que poseía 120 mil metros cuadrados del predio. En julio de 2023, el juez dictó una sentencia que la declaró propietaria desde hace diez años, aunque esta resolución aún no es definitiva, ya que Fincar Maz interpuso un recurso de revisión ante el tribunal de alzada.
Pese a que la sentencia no es firme, Toral Zayas obtuvo una copia certificada del terreno y, con el apoyo de los notarios implicados, elaboró escrituras a su nombre. Posteriormente, según Reyes Peralta, el terreno fue vendido en escrituras consecutivas a José Alberto Pérez Fuentes y Manuel López Nava por 98 millones de pesos, una cantidad que, según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, nunca fue pagada.
El abogado denunció que el notario Miguel Ángel Díaz Pedroza no notificó la operación millonaria a la Unidad de Inteligencia Financiera, como exige la ley para prevenir lavado de dinero. Asimismo, criticó que el Registro Público de la Propiedad inscribiera estas escrituras pese a las irregularidades evidentes.
La denuncia fue presentada el 14 de noviembre de 2023, y tras un año en proceso en la Fiscalía General del Estado, Reyes Peralta confía en que el caso sea judicializado en fechas próximas para frenar este supuesto esquema de fraude y corrupción.
