AGENCIA
Nacional.- En medio de la controversia, el Gobierno federal ha informado sobre al menos 30 casos de personas que figuran como “localizadas” en el censo del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre desaparecidos, a pesar de que no han regresado con sus familias. Este dato ha levantado preocupación sobre la efectividad y transparencia de la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada.
Entre los casos reportados como “localizados”, se encuentran diez personas desaparecidas durante la “guerra sucia” y familiares de buscadores activos en colectivos de diversos estados como Chihuahua, Morelos, Jalisco, Sonora, Veracruz y Zacatecas. Sin embargo, en todos estos casos se ha confirmado que las víctimas continúan ausentes.
Uno de los casos que ha llamado la atención es el de Virginia Ortiz Ramírez, desaparecida en Oaxaca en 2007, quien figura como “localizada” en el censo del presidente López Obrador. Sin embargo, su hermana, Daniela, aún no ha sido encontrada y su identidad no ha sido confirmada según los criterios de la Secretaría de Gobernación.
Esta investigación revela que al menos 30 víctimas que continúan desaparecidas aparecen como “localizadas” en el censo presidencial, lo que ha generado preocupación entre los familiares y organizaciones que buscan a las personas desaparecidas en México.
Además, se han detectado casos en los que las autoridades han “borrado” personas del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), a pesar de que aún no han sido encontradas, lo que ha generado indignación entre los familiares y críticas hacia la transparencia y efectividad de la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada.
Esta situación ha llevado a cuestionamientos sobre la metodología utilizada en el censo presidencial y la necesidad de una mayor participación de las familias de las personas desaparecidas en el proceso de búsqueda y localización.
Por su parte, el Gobierno federal ha defendido la efectividad de la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada, asegurando que están trabajando para localizar a las personas desaparecidas y brindar justicia a las víctimas y sus familias. Sin embargo, la falta de claridad y transparencia en los resultados del censo ha generado preocupación y críticas por parte de organizaciones de derechos humanos y familiares de las víctimas.
