Cuichapa.- De 50 viviendas que entregará la Sedatu, por lo menos 17 las recibirán familiares de funcionarios del Ayuntamiento de Cuichapa, así lo aseguró el representante de Plataforma Ciudadana Denuncia Pública, Juan Carlos Fernández Zulueta, quien indicó que por el tráfico de influencia interpondrá la denuncia correspondiente.
Entre los beneficiarios se encuentran el regidor Medel Cruz Higinio Francisco y familiares de empleados municipales, quienes no tienen necesidad de requerir un apoyo a la vivienda por devengar un salario como funcionario municipal.
“Un programa tan noble como lo es el de Vivienda Digna del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonapho), de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), ha servido para beneficiar de manera indebida con este programa a personas que no lo necesitan ni lo requieren, pero además que tienen vínculo directo con funcionarios municipales”, manifestó.
Entre los beneficiarios se encuentran Ana Lilia Castro Solís, esposa del presidente del Comité Directivo Municipal del PRI y la Directora de Fomento Agropecuario, Rosalba Porras Días; la trabajadora del Ayuntamiento Mayra Bernabé Castro, cuya hermana labora en la Comuna; y Dalia Lizet Aguilar Verá, cuñada de la regidora primera.
Así como: Crescenciano Efrén Espinosa Garfias, fallecido; Venancio Hipólito Chimalhua, suegro del secretario particular del Alcalde; Leonardo Juárez Hernández, papá de la secretaria del Ayuntamiento; Flor León Montero, hermana de la presidenta del DIF; Cándido Martiniano Méndez López, líder de Antorcha Campesina.
Además, Joaquín Mondragón Avalos, presuntamente familiar del Alcalde; Albino Palacio García, agente municipal de Providencia; Agustina Rincón González, mamá de la directora de Protección Civil; Héctor Rodríguez Pardo, papá de la regidora primera Xóchitl Rodríguez Gil; José Luis Rojas Gómez, hijo de empleada municipal; Carolina Solís Bautista, empleada municipal y Librado Torres Sosa, papá de empleado municipal.
“En los próximos días se procederá a presentar una queja en la contraloría interna de la Sedatu y una denuncia de hechos ante la PGR, ya que tan sólo esto demuestra un acto de corrupción emanado de las autoridades municipales”, afirmó el entrevistado.
Esto lo señaló porque fueron violadas las reglas de operación del programa, así como el tráfico de influencias.
