AGENCIA
Xalapa.- Empresarios de la región Córdoba-Orizaba han denunciado una situación alarmante en la autopista Orizaba-Puebla, donde la delincuencia opera con impunidad a través de varios accesos no regulados. A pesar de la vigilancia establecida con apoyo de la Guardia Nacional, los robos continúan siendo un grave problema, al punto que incluso los agentes de seguridad temen intervenir, según los reportes de los afectados.
Desde 2019, miembros de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) han intentado sin éxito dialogar con legisladores y autoridades federales para abordar esta problemática. A pesar de haber proporcionado fotografías, ubicaciones georreferenciadas y descripciones detalladas de los accesos clandestinos, las comunicaciones con las autoridades se han visto obstaculizadas por bloqueos en aplicaciones de mensajería, correos ignorados y llamadas sin respuesta.
Los accesos problemáticos identificados están ubicados en los kilómetros 240+500, 238+900 con dirección a Puebla, y el 234+700 con dirección a Veracruz, que además conecta con el km 242+700 hacia Puebla. Estos puntos han sido denunciados repetidamente por los empresarios, sin recibir una solución efectiva.
José Manuel Agredo Barrientos, superintendente de Conservación del tramo Esperanza de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, confirmó en un oficio fechado en enero de 2019, la dificultad para trabajar bajo estas condiciones de inseguridad, mencionando que incluso elementos de la Policía Federal han cerrado estos accesos, solo para que sean reabiertos al día siguiente por grupos criminales.
Juan Castillo de los Santos, expresidente de Canacintra en Córdoba y víctima de los atracos, ha perdido prácticamente su patrimonio debido a esta situación. Castillo tuvo encuentros iniciales con figuras como el senador Ernesto Pérez Astorga y la exsecretaria de Economía, Tatiana Clouthier, quienes mostraron interés inicialmente, pero eventualmente se vio bloqueado en los canales de comunicación, enfrentándose a respuestas que describió como superficiales y tratadas como mero trámite.
Los empresarios y autoridades locales exigen una respuesta más firme y coordinada de parte del gobierno federal para cerrar definitivamente estos accesos y restaurar la seguridad en uno de los tramos carreteros más críticos para el comercio y la industria en la región.
