Orizaba.- La presidenta de la Junta Especial número 54 Federal de Conciliación y Arbitraje, Yolanda Serrano Villalobos, fue denunciada ante el Ministerio Público federal por la mala función que desempeña como servidor público y se solicita la intervención de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para aplicar una reprimenda o destituirla, pues no es la primera vez que actúa irresponsablemente y en desapego a la ley.
Ayer tocó el turno de malos tratos y obstaculización de su trabajo al abogado David Ambrosio Molina, cuando acudió a consultar el expediente 39/2000 y la funcionaria simple y arbitrariamente se lo impidió.
Esta no es la primera vez que la presidenta de la Junta de Conciliación actúa de esa forma y en el caso de David Ambrosio, desde el pasado 14 de febrero ha solicitado de manera correcta, directa y en apego a derecho la revisión del expediente de una empresa alimentadora y la funcionaria lo niega, además se presume tiene un interés personal.
Tras interponer la denuncia penal 27/2013, para que se investiguen hechos por una mala función que desempeña esta funcionaria, el abogado David Ambrosio Molina Vázquez, afirmó: ¿Porqué trata de evitar que se consulte el expediente? Preguntó el abogado al tiempo que también explicó: “Es porque ella tiene interés en cubrir posibles actos de corrupción ya que ilegítimamente fuera de todo procedimiento legal hizo acuerdos que perjudican el patrimonio de mi representada y en este caso he procedido a denunciarla ante el MP Federal por posibles hechos constitutivos de delito”.
Y es que como servidor o funcionario público, la presidenta de la Junta de Conciliación, tiene la obligación primero de acordar de conformidad a derecho toda petición que se le haga de manera respetuosa y en segundo tiene que motivar y fundamentar en ley cualquier negativa, sostuvo el experto en derecho.
Consideró que con esta postura negativa, la funcionaria lo que busca, es dejar esta promoción por mucho tiempo mientras corrige anomalías en el expediente. Por ello es que en representación de su cliente, ha procedido a denunciarla penalmente toda vez que tiene la obligación de ajustarse a derecho y atender las peticiones de todo ciudadano, máxime cuando es parte en un procedimiento laboral, sostiene.
De la Redacción
El buen Tono
