Efraín Hernández
El Buen Tono
Fortín. – La falta de control y certificación en la Policía Municipal quedó en evidencia tras el asesinato del joven universitario y boxeador Pablo “N”, ocurrido el pasado 28 de febrero a las 2:00 de la mañana. El caso ha generado indignación y ha puesto en la mira al presidente municipal Gerardo Rosales Victoria, al regidor Orlando Rosas Sánchez y al contralor municipal, señalados por omisión y corrupción al permitir que agentes sin acreditación fueran los responsables de la seguridad en el municipio.
En entrevista el abogado Juan Carlos Fernández Zulueta explicó que un supuesto caso de liberación del policía responsable es poco probable debido a la gravedad del delito. “Se trata de un homicidio calificado con abuso de autoridad, pues el agresor fue un servidor público. Además, hubo un uso excesivo de la fuerza, ya que no se siguieron los protocolos. No solo el oficial que disparó, sino también los demás elementos que lo acompañaban, carecen de certificación”, explicó.
Fernández Zulueta subrayó que esta situación demuestra la negligencia del Ayuntamiento, que nunca velo ni se preocupo porque sus agentes tuvieran los exámenes de control y confianza. “Es una omisión grave del presidente municipal Gerardo Rosales Victoria. Según el artículo 115 constitucional, él es el responsable de la seguridad, al igual que el regidor primero de la Comisión de Policía Municipal, Orlando Rosas Sánchez, y el contralor, quienes estaban al tanto de esta irregularidad”, señaló.
El letrado también calificó la falta de capacitación como un acto de corrupción. “Sabían que sus elementos no tenían las licencias correspondientes y aun así permitieron que ejercieran funciones. La omisión también es corrupción”, afirmó.
