Córdoba.- Por considerar que las cámaras instaladas recientemente por el Ayuntamiento de Córdoba “están violando nuestros derechos humanos, a la intimidad, a la privacidad y hasta nuestra integridad”, familias que habitan en el Patio de La Estrella denunciaron a las autoridades municipales ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y responsabilizan al alcalde Tomás Ríos y al síndico Luis Alberto García de lo que les pueda suceder.
Encabezados por María Lucía Batista Calderón, los vecinos interpusieron su queja ante Víctor Manuel Santopietro Reynaga, visitador auxiliar de la CEDH, y externaron que “hay intereses personales, ya sabemos todos que a Tomás Ríos y su familia les gusta hacer hoyos en situaciones históricas para encontrar tesoros. Hay un patio en la parte posterior, sobre la calle 1, que adquirió también el Alcalde y no queda absolutamente nada”.
Esta semana el coordinador del área jurídica del Ayuntamiento, Jesús Iván Díaz Martínez, aceptó que el Ayuntamiento colocó dos cámaras en puntos estratégicos de la vecindad, bajo el supuesto de ser una medida para reforzar la custodia y resguardo del inmueble que está en proceso de recuperación.
Sin embargo, según consta en documentos en poder de EL BUEN TONO, el Ayuntamiento aún no cuenta con escrituras que avalen la propiedad total del inmueble y con esta presión a tres familias, conformadas por 10 personas, estaría cometiendo una ilegalidad, pues la administración municipal no cuentan con ningún documento que avale la propiedad total del inmueble.
De acuerdo al estado de cuenta del predial, emitido por la Tesorería municipal el 4 de mayo de este año, el inmueble ubicado en la calle 3 esquina avenida 5 número 314, de la colonia centro, mejor conocido como “Patio de La Estrella”, aún pertenece a Ayelen Comite Tress y copropietarios, representada por su madre, la señora Ingrid Concepción Tress Zamora, quienes a la fecha no han realizado el traslado de dominio, ya que adeudan 121 mil pesos, por concepto de impuesto predial urbano del ejercicio 2016.
De acuerdo a la escritura pública 39,008 inscrita el 30 de abril de 2004 en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Córdoba, el inmueble habría pertenecido a la señora Concepción Zamora Rodríguez de Tress, quien la donó a su menor nieta Ayelen Comité Tress.
No obstante, a este acto jurídico se suma que actualmente sigue vigente el juicio número 1205/2011, promovido por Pedro Tress Hernández en la vía civil para la liquidación de la sociedad conyugal con la señora Concepción Zamora Rodríguez, radicado en el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de este distrito judicial.
Los vecinos acusan que presuntamente las operaciones comerciales se habrían hecho de manera fraudulenta utilizando a terceras personas para deducir las ventas a favor del Ayuntamiento de Córdoba, ya que no existe autorización del Cabildo para la compra venta y los han querido desalojar sin que medie orden judicial.
Las tres familias que rechazan dejar su casa “con engaños y promesas falsas del Ayuntamiento”, como ellos lo califican, argumentan que son legítimos poseedores “de manera continua, pacífica, pública y de buena fe”, al habitar desde hace más de 50 años el inmueble, lo cual respaldaron con la escritura pública número 2665 del año 1989, en una testimonial del lugar y sus habitantes realizada por la Notaría Pública número 15.
Batista Calderón cuestionó que el Alcalde “dice que le quieren devolver el inmueble a los cordobeses; pues que le devuelva el Patio de Zevallos, que eso si es histórico y pertenece a toda la Nación, no nada más a los cordobeses; pero por el momento la situación de esas cámaras nos incomoda mucho, pues este hecho ya rayó en lo absurdo, en lo grotesco”.
Precisó que “esas cámaras dan a espacios comunes, tenemos los baños a medio patio. No me gusta que sepan cuántas veces entro y salgo del baño; es una situación incómoda; no nos gusta tender la ropa interior y que la estén grabando. No me gusta pasearme en chanclas y en short y que todo mundo en el Ayuntamiento me esté viendo”.
“De repente nos dimos cuenta porque a los del Ayuntamiento ya los conocemos, ya los tenemos bien ubicados aunque vayan de ropa de civil y entraron por la fábrica de velas. Allí a Graciela López le instalaron una en su casa y a Emmanuel López Lezama le instalaron otra. Ellos son de las tres familias que ya hicieron convenio con el Ayuntamiento para irse, pero no se han ido”, enfatizó.
Para concluir, Batista Calderón hizo hincapié al decir “que quede bien claro que están agrediendo nuestros derechos humanos, a la intimidad, a la privacidad y hasta nuestra integridad, porque yo no sé si con esto el día de mañana me vaya a pasar algo y me estén ubicando donde quiera que esté y aclaro y de una vez quiero hacerlo público: Si me llega a pasar algo a mí, a mi familia o a cualquiera de la gente que estamos metidos en esta lucha, voy a hacer responsable al alcalde Tomás Ríos y al síndico Luis Alberto García”.
LA QUEJA
Los vecinos presentaron su queja ante la CEDH en Córdoba, ya que consideran la violación de la autoridad municipal a sus derechos consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ellos se señala que “nadie podrá ser privado de (…) sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales”
Además de que “nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”.
