Yanga.- Ante la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos fue denunciado el Presidente municipal de Yanga, Gerson Morales Villanos, por los delitos de abuso de poder, afectar intereses públicos y ocultar y obstruir acciones del Estado, en agravio de la oficial encargada del Registro Civil en esta localidad.
Los hechos se registraron desde el pasado 12 de abril, cuando la licenciada Magaly de la Luz Luna fue designada como oficial encargada de la oficina del Registro Civil en el municipio de Yanga, en sustitución de Alberto Pérez Hernández, quien fue enviado al municipio de Cuitláhuac bajo las mismas funciones.
Debido a que la oficina ubicada en los bajos del Palacio municipal se encontraba cerrada el día miércoles (aunque no era día de asueto), la protesta se llevó a cabo en la calle, en presencia del titular de Política Regional, Luis Arturo Flores Cadena; el regidor único Óscar Martínez Hernández; Alberto Pérez Hernández, encargado saliente y la nueva titular del Registro Civil, Magaly de la Luz.
En los días subsecuentes continuó cerrada la oficina por instrucciones del Presidente municipal, sin importar afectar a la población. Ante tal situación la nueva titular pegó un papel, donde a través de su número telefónico quedó a disposición para los asuntos correspondientes a la dependencia.
La mañana de ayer lunes, Magaly de la Luz Luna se presentó a las instalaciones del Registro Civil para iniciar sus labores, pero se llevó la sorpresa de que la puerta continuaba cerrada, por lo que solicitó la llave al oficial mayor Juan Alarcón Pérez, quien expresó: “Por indicaciones del alcalde Gerson Morales Villanos, la oficina permanecerá cerrada”, porque era una orden de él y se respetaba, por lo tanto no podía abrir.
Ante tal situación la afectada levantó un acta para dar fe de lo acontecido y se proceda a las medidas legales pertinentes, por lo que se trasladó a la capital del Estado a iniciar la denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos contra el Edil, por los delitos de abuso de poder, afectar intereses públicos y ocultar y obstruir acciones del Estado.
