Por Andrés Timoteo / columnista
El Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por irregularidades en el ejercicio fiscal del 2017 del gobierno del panista Miguel Ángel Yunes Linares y éstas alcanzarían los 91 mil millones de pesos de acuerdo con el titular del ente, Lorenzo Portilla Vásquez. La cifra que, con añadidos, es escandalosa.
Vaya, Yunes Linares habría cometido un desfalco al erario estatal en apenas dos años casi igual que el que hizo Javier Duarte de Ochoa en casi seis. A Duarte se le acusa de robarse 56 mil millones y Yunes Linares en escasos 24 meses casi habría igualado tal chanchullo, casi duplica la cifra. Y claro, la obviedad del asunto revela el trasfondo.
Los números, por supuesto están manejados con sesgo mediático para arremeter contra la anterior administración así convenir a las dos partes. Una de esas partes es el Gobierno en funciones que le exige al titular del Orfis convertirse en ariete contra el yunismo a cambio de su permanencia. La otra parte, el propio Portilla Vásquez quiere congraciarse porque le prometieron no rechazar sus intenciones de reelección al frente del organismo fiscalizador si se suma al entramado.
Lo de ayer, pues, son denuncias de tipo reeleccionista. Portilla quiere sobrevivir un tercer sexenio. Estuvo con Duarte y durante ese tiempo no emitió una sola denuncia penal por irregularidades financieras, luego con Yunes Linares cuando tampoco hizo cuestionamientos, pero sí se prestó a acusar mediáticamente al antecesor. Ahora repite la dosis, colabora a las denuncias contra Yunes Linares a cambio de conservase -y en este caso reelegirse- en la nómina estatal. Es el modus de sobrevivencia.
¿Qué tanto peso probatorio tienen esas querellas? Lo definirá el FGR donde llevó el expediente y esa misma instancia jurisdiccional confirma el plan. El denunciante no acudió a la Fiscalía General del Estado sino a la Federal, saltándose así el peaje local. Por lo pronto, ayer mismo el exgobernador Yunes Linares respondió al hecho en un breve comunicado en el que señala que las denuncias son un distractor y que se engarzan en el afán reeleccionista del auditor Portilla Vásquez.
“No serviré de ‘Caja China’ para desviar la atención de los temas que lastiman a los veracruzanos, tampoco de escalón para que se reelija un auditor corrupto, protector de (Javier Duarte) y de sus cómplices. Por ello no responderé señalamientos falsos y torpes; sería hacerles el juego”.
Y da una puntilla para el Gobierno en funciones: “continuaré en lo mío y seguiré en la lucha para lograr un cambio profundo en Veracruz y México”. ¿Desafío?, ¿bravuconada?, ¿certeza de que no hay materia en su contra? Más bien reiteración del mensaje dado el 9 de julio del año pasado cuando reconoció el triunfo electoral del morenista Cuitláhuac García.
“La historia no termina, la historia nunca concluye, la historia no se escribe en un día y en un solo acto; hay mucho por hacer, hay mucha historia que construir en Veracruz. Que quede claro: la lucha sigue”, dijo en aquella ocasión. No lo filtró en libelos ni lo disfrazó en comentarios de terceros, lo dijo abiertamente a su sucesor.
Los morenistas entendieron, obviamente, que el mensaje es para la contienda electoral del 2024, pero en el inter está la operación política, observación y denuncia sobre la gestión de García Jiménez. Por eso están tan preocupados porque Yunes Linares no es un enemigo pequeño -pregúntenle a Duarte cómo le documentó cada uno de sus excesos- y ahora, aprovechando la coyuntura reeleccionista en el Orfis, sacan un primer obús en su contra.
En el estira y afloja, tanto de los que acusan como de los que se defenderán, tendrán que ventilarse pruebas documentales, exhibir honras y hacer maromas con triple grado de dificultad. Pareciera la primera gran escaramuza con dedicatoria a frenar una reacción electoral. La dedicatoria inmediata es para el 2021 y la de mediano plazo el 2024.
