Córdoba.- Después de que habitantes de la Sierra del Gallego denunciaran la quema de documentación en un predio solitario en el ejido de El Bajío, hasta donde una camioneta del Ayuntamiento llegó a realizar la incineración de documentación, son varios los puntos encontrados en la opinión de distintos actores políticos en el la ciudad.
El regidor electo, Gustavo Guzmán Millián, condenó este hecho al señalar que se trata de la “desaparición y ocultación de información”, ya que podría representar un delito, por lo que tiene que investigarse el hecho y más que se está en un proceso de entrega-recepción.
El abogado Miguel Pulido, representante legal de algunas organizaciones, señaló que “hay que recordar que sólo en las administraciones priistas corruptas se quemaban evidencias que comprometían a los gobiernos y toda la papelería que se reciba o llegue a la municipalidad es dato histórico. Por lo que se debe iniciar una investigación, denunciar el hecho ante la Agencia Especializada en Delitos cometidos por Servidores Públicos”. Los regidores Juan García Regules, Mario Arturo Palencia, Ricardo Navarro y Humberta Segura, aseguraron desconocer el tema y en el mejor de los casos, dijeron que se debe investigar el acto.
El abogado Juan Carlos Fernández Zulueta, aseguró que “el destruir papelería oficial sin la autorización del Cabildo y sin conocimiento del Congreso Local podría constituir un delito, ya que no se siguió el protocolo establecido para tal efecto”.
El licenciado Samuel García, dijo que: “Este hecho se puede denunciar ante la autoridad correspondiente, los que fueron testigos del acontecimiento lo pueden hacer, pues podría ser constitutivo de un delito”.
Jhon Lee Ward, abogado y propietario de Búho Legal México, indicó que: “Todo documento creado por una autoridad (sea federal, estatal o municipal) es sujeto a una serie de reglas respecto a su resguardo, su categorización y período de conservación.
Dijo que el Ayuntamiento está obligado a acatar las disposiciones de la Ley General de Archivos promulgado por el Congreso de la Unión, y también los lineamientos para catalogar, clasificar y conservar los documentos y la organización de archivos, publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, el 2 de mayo del año 2008.
Agregó que “en ningún caso es permisible que una Administración municipal destruya los propios documentos que han creado. Los períodos de conservación legalmente establecidas prohiben este tipo de acontecimiento”.
