AGENCIA
Chilpancingo.- Hace un año, sicarios de La Familia Michoacana advirtieron a los habitantes de La Palma que se arrepentirían de no someterse a sus demandas de extorsión y de negarse a unirse a sus filas. Hoy, la comunidad sufre las consecuencias: los criminales han destruido viviendas con bombas lanzadas desde drones, diezmado el ganado, desplazado a más de 30 familias y asesinado brutalmente a seis residentes.
El asesinato de Jaime Ramírez Bravo, hermano del comisario de La Palma, el pasado 10 de agosto, fue el detonante para que los pobladores, junto a comunidades vecinas igualmente sometidas, tomaran la carretera Acapulco-Zihuatanejo durante dos días, exigiendo a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, acciones inmediatas para frenar la violencia. Ante la protesta, las autoridades prometieron reforzar la seguridad en la zona, con la presencia de policías y militares, aunque los habitantes advierten que esta es su última esperanza.
La comunidad ha sido víctima de un acoso constante desde diciembre de 2022, cuando sicarios de La Familia Michoacana iniciaron su violenta incursión en la región. En El Durazno, localidad vecina, más de 100 sicarios asesinaron a plena luz del día a siete personas que se negaron a unirse a sus filas, en un territorio codiciado por sus vastas hectáreas de aguacate y bosques maderables. El líder de esta célula, Hermelindo “N”, alias “El Meli”, fue sentenciado recientemente a 140 años de prisión por estos crímenes, pero la violencia no ha cesado.
En septiembre de 2023, La Familia Michoacana extendió su control a La Palma, imponiendo su dominio sobre la comunidad y obligando a los pobladores a pagar cuotas y unirse a sus actividades delictivas. A lo largo de este año, los ataques han sido constantes, provocando el desplazamiento forzado de más de la mitad de la población.
El comisario de La Palma, Alberto Bravo Ramírez, señala que la situación es cada vez más insostenible. “Nos dijeron que nos íbamos a arrepentir, y creo que lo estamos haciendo”, lamenta Bravo, quien asegura que La Palma es el único pueblo que se resiste a las atrocidades de La Familia Michoacana.
Las recientes promesas de las autoridades incluyen la llegada de 250 militares adicionales y la realización de patrullajes conjuntos con la Guardia Nacional. Sin embargo, los pobladores temen que, si la situación no mejora, se verán obligados a tomar decisiones extremas: solicitar asilo en Estados Unidos o unirse a otro cártel para expulsar a La Familia Michoacana de la región.
La violencia en La Palma y sus alrededores no es un fenómeno aislado. En todo el corredor que abarca desde Santa Rosa de Lima hasta El Durazno, se estima que unas 500 familias se encuentran desplazadas. La falta de servicios básicos, como atención médica y educación, agrava aún más la crisis humanitaria en la región.
Ante la creciente desesperación, los habitantes de La Palma y comunidades vecinas esperan que las autoridades cumplan con sus promesas de seguridad, conscientes de que la próxima medida podría ser una decisión de vida o muerte.
