Rosario Robles, que recibió un amparo a su favor para poder seguir su proceso en su domicilio, y que está detenida por una licencia falsa que presentó la Fiscalía y aceptó un juez, que es sobrino de Dolores Padierna, sigue en el reclusorio pese a que, en dos años, no se han podido reunir pruebas en su contra por la llamada Estafa Maestra. Un cercano colaborador de Rosario y que era quien realmente manejaba sus recursos desde la Oficialía Mayor de la Sedesol, Emilio Zebadúa, está en su casa porque se convirtió en testigo protegido, pero ni así han logrado sustentar las acusaciones.
Treinta y un científicos mexicanos, reconocidos nacional e internacionalmente, están acusados e interrogados por la Fiscalía por presuntos actos de corrupción, lavado de dinero y crimen organizado por haber formado parte de un Foro Consultivo del Conacyt, constituido y financiado por las autoridades y cuya legalidad fue constatada por auditorías y por dos instancias judiciales. Se les dice que nada deben temer, pero, mientras tanto, deben ir a audiencias judiciales y son perseguidos por un delito inexistente.
El exsenador Jorge Luis Lavalle fue apresado por un presunto delito cuando se presentó, como Rosario Robles, voluntariamente ante las autoridades. Si procedía la acusación, tenía derecho a seguir el proceso en libertad. Los dos, Lavalle y Rosario, terminaron en la cárcel.
A Lavalle se supone que lo detuvieron por acusaciones, no comprobadas y bastante inverosímiles, de Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex que, con base en las declaraciones que se han recuperado de los procesos seguidos contra la empresa Odebrecht, tanto en Brasil como en Estados Unidos, es el único que, efectivamente, sí recibió sobornos de esa empresa brasileña por más de diez millones de dólares.
Hay que recordar que toda la demanda del caso Odebrecht se basa en la declaración que hizo ante autoridades de Brasil y Estados Unidos Luis Meneses Weyll, que fue el responsable de esa empresa de construir y administrar el andamiaje de sobornos a distintos funcionarios de varios países de América Latina. Sobre la declaración de Meneses Weyll se construyó también la denuncia contra Lozoya, a partir de la cual el exdirector de Pemex, ya acusado formalmente y detenido en España, negoció su regreso a México adhiriéndose al llamado criterio de oportunidad, en otras palabras, convirtiéndose en testigo protegido por el gobierno.
Toda la acusación que hizo Lozoya se basa, a su vez, en que Odebrecht le depositó 10.5 millones de dólares para, según Lozoya, financiar la campaña de Peña Nieto y para pagar sobornos que permitieran sacar la reforma energética, durante esa administración. Agregó que también se pagó para aprobar una planta de etileno durante el gobierno de Calderón.
Pero el propio Meneses declaró que en el caso de México nunca se le pidió dinero para financiar la campaña de Peña Nieto ni para la construcción de una planta de etileno ni para la reforma energética. Que el dinero se le entregó a Lozoya para que éste facilitara contratos de Pemex a la empresa brasileña. E insistió en que está dispuesto a declarar sobre ese tema ante la justicia mexicana, como ya lo ha hecho ante la brasileña y la estadunidense. El problema es que aquí nadie lo ha buscado para hacerlo.
Y los hechos le dan la razón a Meneses Weyll: los depósitos, está comprobado, se hicieron a cuentas relacionadas con Lozoya, pero no existe constancia alguna de que de allí se hayan dirigido al PRI, a Peña o a otros funcionarios, sea de Peña o de Calderón. En otras palabras, lo que dice Meneses y parecen comprobar los hechos, es que el dinero fue para sobornar a Lozoya y que éste lo utilizó en su beneficio personal.
Al mismo tiempo que Lozoya recibía ese dinero, se produjo el caso de Oceanografía. Amado Yáñez, su propietario, había realizado un fraude financiero, pero la intención de Lozoya, ante ello, fue la de quedarse con la empresa, entonces la principal contratista de Pemex, asociada a su vez con muchos otros contratistas privados, ofreciéndola a distintos empresarios que terminaron distanciándose de ese negocio, de por sí sospechoso, ante la insistencia de Lozoya.
Incluso, en plena caída de Oceanografía, Lozoya se reunió con uno de los acreedores, los del banco holandés Rabobank, para tratar de forzarles a entregar la flota que habían rentado a Oceanografía. Tuvo que intervenir directamente el gobierno holandés ante Los Pinos para evitar que se obligara a esa empresa a entregar su flota. Esa historia la contamos aquí hace más de seis años. Por ella también debe ser procesado Lozoya.
Hay algo de justicia divina en que la periodista Lourdes Mendoza sea la que haya descubierto a Lozoya cenando en un restaurante de lujo en la Ciudad de México. Lozoya, en su larga serie de acusaciones sin comprobar, difamó a Lourdes, que fue objeto de una dura campaña en redes y perdió puestos de trabajo por esa falsa acusación. Lourdes demandó a Lozoya y éste no se presentó a declarar, argumentando que estaba arraigado. Y Lourdes lo encontró comiendo pato Pekín en el Hunan.
En el colmo del sinsentido, Jenaro Villamil, director del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, trató de defender a Lozoya diciendo que esas fotos no habían sido tomadas el sábado pasado. Una vez más, los hechos lo refutaron, ¿incorporará miss Vilchis a Jenaro y Lozoya en las fake news de la semana?
