De la Redacción
El Buen Tono
Región.- La región centro de Veracruz está sumida en una crisis de seguridad que se agrava cada día ante la total corrupción de los alcaldes, quienes han abandonado por completo la inversión en patrullas, equipamiento y, sobre todo, en el fortalecimiento de la Policía Municipal.
Mientras los delitos van en aumento, los ciudadanos se enfrentan a una realidad donde hay menos policías, menos unidades y una impunidad rampante que favorece a la delincuencia.
Veracruz figura entre las entidades con mayor número de policías estatales y municipales en el país, según el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2024 del INEGI.
Al cierre de 2023, la entidad contaba con 12,344 elementos. Sin embargo, esta cifra es engañosa: la distribución es desigual, dejando a municipios clave como Orizaba, Paso del Macho, Río Blanco, Nogales y Fortín con un déficit alarmante de oficiales en las calles.
Según el Modelo Óptimo de la Función Policial (MOFP) del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), se recomienda un mínimo de 1.8 policías por cada 1,000 habitantes. En México, la media nacional ya está por debajo de este estándar, con apenas 1.4 policías por cada 1,000 habitantes. Pero la situación en la región centro de Veracruz es todavía peor.
Orizaba presenta una tasa delictiva de 15.56 incidentes por cada 100,000 habitantes, con el robo a negocios como el delito más común, alcanzando una alarmante tasa de 58.45%. A pesar de la propaganda oficial que intenta vender una imagen de orden, los comerciantes y ciudadanos saben que la realidad es otra: los robos y asaltos son constantes, y la respuesta policiaca es tardía e ineficiente.
El problema no es sólo la falta de elementos policiales, sino la indiferencia de los alcaldes de la región, quienes han demostrado una total incapacidad para atender la crisis de seguridad. No hay estrategias, no hay inversión y no hay interés en fortalecer las policías municipales. Prefieren destinar presupuestos a obras de relumbrón en lugar de garantizar patrullas equipadas, mejores sueldos y capacitación para los oficiales.
En municipios como Fortín, Coetzala, Paso del Macho, Atoyac, Amatlán y Nogales, entre otros, la situación es crítica: los elementos existentes no son suficientes, las unidades son obsoletas y la delincuencia ha encontrado un terreno fértil ante la ausencia de vigilancia efectiva.
