AGENCIA
CDMX.- La titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, expresó preocupaciones significativas acerca de la posible eliminación de la prisión preventiva oficiosa, durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador este martes. La medida, que se discutirá pronto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), podría implicar la liberación de 68 mil presuntos delincuentes actualmente bajo este régimen.
La prisión preventiva oficiosa, aplicada automáticamente a acusados de ciertos crímenes graves, incluye delitos como homicidio, secuestro, violación, y narcotráfico, con 11 mil, 7 mil, 5 mil y 4 mil acusados respectivamente.
Según Alcalde, la eliminación de esta medida representaría un “riesgo” significativo para las víctimas, los policías y la población en general. “No sólo se excede en sus facultades, [la SCJN] pretende tomar una decisión sin dimensionar lo que esto significa para la paz y seguridad de nuestro país”, declaró la secretaria.
La discusión en el Máximo Tribunal surge a partir de una resolución emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha criticado la medida por las afectaciones a los derechos humanos que implica. Organizaciones de derechos humanos argumentan que la prisión preventiva oficiosa no garantiza el acceso a la justicia, sino que promueve la reclusión basada en presunciones falsas o falta de pruebas suficientes, vulnerando los derechos a la libertad, el control judicial y la presunción de inocencia.
Introducida en el artículo 19 de la Constitución en 2008 y expandida en 2019 para abarcar 16 delitos distintos, la prisión preventiva oficiosa exige que todas las personas vinculadas a proceso por estos crímenes permanezcan en prisión hasta que se dicte una sentencia.
La CIDH ha señalado en dos ocasiones los problemas que la prisión preventiva oficiosa plantea, destacando la necesidad de equilibrar la seguridad pública con el respeto a los derechos individuales. La posible eliminación o modificación de esta política es un tema crucial que pone a prueba los principios de justicia y derechos humanos en México.
