La Unión Internacional de Telecomunicaciones y la GSMA no reportan en ninguno de sus afiliados, en mercados con escasa o nula competencia, ningún caso de regulación asimétrica en el que la tarifa de interconexión por cursar tráfico en la infraestructura del dominante sea cero.
Tanto en la iniciativa que envió el presidente Peña para emitir la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, como en el anteproyecto de dictamen que subió el senador Javier Lozano, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, se propone al Congreso que la tarifa de interconexión para América Móvil, incluyendo a sus filiales Telcel y Telmex (integrantes del grupo que fue declarado preponderante el pasado 6 de marzo por el IFT, cuyo pleno preside el comisionado Gabriel Contreras), le sea impuesta una tarifa de interconexión cero.
Ambas propuestas, de forma vaga, indican que este mercado de interconexión, (que implica el tráfico de llamadas y datos de una red a otra), se dirija hacia el esquema de bill and keep, esto es, que cada operador se quede con sus cargos, pero nunca dicen cuándo inicia el esquema y menos aún cuándo termina, lo que supone un desequilibrio de origen, pues unos operadores cursarán a un precio y sobre la red del predominante no habría pago.
Contando lo anterior, el efecto más importante de una decisión legislativa de esa naturaleza y sobre la que el IFT —que tiene la facultad constitucional de definir reglas de interconexión, para predominante o agente normal— significaría la entrega/pago obligatorio por ley, de cinco mil millones de pesos al año de esos dos agentes dominantes, a los otros que operan en el mercado.
Esto porque se obligaría a esas dos personas morales a prestar un servicio público a título gratuito. En el echeverrismo eso se llamaba expropiación, los constitucionalistas dicen que se viola el artículo 5 de la Constitución, párrafos dos y tres.
Es posible, dado que la reforma constitucional nunca estableció un tope o un precio específico, que el asunto sí sea impugnable judicial e internacionalmente, y aun cuando se tardara en resolver, le estarían creando de origen una contingencia al sistema de telecomunicaciones con cargo a todos los operadores que se interconectarían gratis, que la suma a 2018 podría rondar entre 25 mil y 30 mil millones de pesos. Un poco lo que ha ocurrido en el caso de Axtel, pero magnificado.
El otro efecto es el de la inversión. Si el preponderante tiene que cursar gratis, subir a todos a la infraestructura gratis, pierde otros siete mil millones de pesos de los mercados de larga distancia y roaming, y le piden que cambie la arquitectura de la red en menos de seis meses para conformar un área de servicio local sobre el cual no podrá cobrar un quinto, pues simplemente parece que la salida para este monopolio será ¡deshacerse y vender México!
¿Qué tal que están pensando en eso? ¿También se le impediría vender la infraestructura, el cable, los activos?. ¿Subirlos a una fibra y dejar el control en manos del más pulcro sistema de gobierno corporativo que arriende a precios equivalentes hasta a ellos, vender bloques de usuarios por región?
¿Qué cree?, no es ficción mediática, es realidad de ping-pong corporativo. Sólo recordemos que el mayor porcentaje de las acciones de América Móvil hoy están colocadas en el NYSE y su base de socios es tan amplia como el mundo, sus acreedores también y sus razones financieras muestran que México representa 35% de su ingreso y 32% de su utilidad, y están presionando al grupo de control a pensar seriamente en recurrir a un panel del TLC por violaciones, usando la misma estrategia seguida por Telefónica España, cuando se afectó el ingreso de la filial mexicana, justo cuando Rafael del Villar (Cofetel) decidió iniciar la baja de la interconexión, que dicho sea de paso, no ha mejorado ni la tarifa ni el servicio al cliente. Por cierto, la SCJN le dio la razón a Telefónica.
Es cierto que el efecto club debiera prohibirse, pero no obligar a cobrar a cero un servicio sin asegurarse que el resto de los competidores en un lapso de tiempo razonable también reduzcan su tarifa para que migren al bill and keep.
También debiera haber una resolución clara, con sanción fuerte en el caso de Dish-Telmex, pues es claro que la asociación empresarial se estará confirmando en cuestión de días en el IFT. Dish se benefició de la gratuidad, pueden aplicar una megamulta o revocar la concesión.
Por último, con esto cierro. ¿Por qué la reforma constitucional del año pasado le da atribuciones al IFT en materia de regulación de telecomunicaciones y radiodifusión y el legislativo pretende realizar una regulación específica en ley. Esto no es afortunado, primero porque los Congresos tienden a regular a brochazos, los reguladores a pincel y, segundo porque se estaría generando una camisa de fuerza ineficiente al sistema, con resultado muy dudoso sobre penetración, calidad de servicio y precio para el consumidor.
De Fondos a Fondo
Y la noticia es que será el próximo lunes en punto del medio día cuando el presidente Enrique Peña Nieto y todo el gabinete de infraestructura, encabezado por el secretario de Hacienda Luis Videgaray, presentarán el Plan Nacional de Infraestructura 2014-2018.
Le adelanto que las cifras que se darán a conocer serán por alrededor de 500 mil millones de dólares, lo que quiere decir que se estará destinando alrededor del 9% del PIB al rubro de infraestructura anualmente en los próximos cinco años por parte del gobierno federal. Además, este plan será la primera gran prueba para la figura de las Asociaciones Público-Privadas (APP).
Hay que recordar que la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), que preside Luis Zárate, estableció en el estudio Los retos de la infraestructura en México 2013-2018, que el impacto de las APP tendría que detonar en una inversión por al menos 20.8 billones de pesos entre 2013 y 2018.
De esta cifra, la CMIC precisa que la inversión realizada por el gobierno federal debería ser por 7.4 billones y la inversión privada por 13.5 billones de pesos.
